La Guardia Civil ha inmovilizado 80 toneladas de aceitunas y encurtidos y ha detenido al gerente de una empresa alimentaria en Valencia por delitos contra la salud pública y relativos al mercado y a los consumidores. La empresa, cuyo nombre aún no ha sido revelado, estaba utilizando productos identificados como no aptos para el consumo humano en la producción de alimentos destinados al mercado.
La Conselleria de Sanidad de Valencia ha emitido una alerta rápida a nivel europeo a través del sistema RASFF (Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos) para controlar los productos de esta empresa que se encuentran en circulación. Los productos han sido distribuidos tanto en varias comunidades autónomas de España, como en otros países europeos y terceros países.
La investigación se inició tras recibir denuncias sobre posibles irregularidades en la empresa. Una inspección de las instalaciones reveló graves violaciones a las normas de seguridad alimentaria. En el registro se encontraron productos almacenados en condiciones alarmantes: latas oxidadas, productos con fechas de consumo recomendado sobrepasadas en más de cinco años y bidones etiquetados claramente como “producto no apto”.
Además, la investigación descubrió que la empresa estaba mezclando entre un 5 y un 10 % de estos productos no aptos con productos autorizados para el consumo humano. Este producto adulterado era luego distribuido en el mercado mayorista, en la restauración, y en tiendas y grandes superficies, afectando a una amplia gama de consumidores en Cataluña, Comunitat Valenciana, Cantabria, Comunidad de Madrid, Andalucía, Islas Baleares, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, así como en el mercado internacional.
La Conselleria de Sanidad ha coordinado la respuesta a esta crisis emitiendo la alerta rápida a través del sistema RASFF, lo que ha permitido notificar a otros países y controlar el flujo de estos productos potencialmente peligrosos. La empresa ha acordado voluntariamente retirar todos los productos del mercado.
Un documento encontrado durante la inspección indicaba que los productos clasificados como “no aptos” debían ser eliminados a través de un gestor autorizado de residuos y no podían ser utilizados para el consumo humano ni animal en ninguna circunstancia. Esta violación de las normativas sanitarias pone de relieve la gravedad de las acciones de la empresa.
El gerente de la empresa ha sido detenido y enfrenta cargos por delitos contra la salud pública y relativos al mercado y los consumidores. La investigación sigue en curso para determinar la magnitud del impacto y para asegurar que todos los productos no aptos sean retirados de la circulación.
Las autoridades instan a los consumidores y a los distribuidores a estar atentos y a reportar cualquier producto sospechoso que pueda estar relacionado con esta alerta.