El Supremo de EE.UU. frena las deportaciones de migrantes salvadoreños acusados de terrorismo
El Alto Tribunal prohíbe al Gobierno estadounidense expulsar a migrantes retenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, usada contra supuestos miembros del Tren de Aragua detenidos en Texas
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido una orden que impide al Gobierno continuar con las expulsiones de migrantes salvadoreños que se encontraban detenidos bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros. Esta decisión afecta directamente a un grupo de personas retenidas en el centro de detención de Bluebonnet, en el norte de Texas, señaladas por su presunta vinculación con la banda criminal conocida como Tren de Aragua.
La resolución judicial, respaldada por la mayoría de los magistrados y con las objeciones de los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito, establece que “se ordena al Gobierno no trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde Estados Unidos hasta nueva orden de este Tribunal”.
Acusados de pertenecer al Tren de Aragua
Los migrantes afectados por esta medida son originarios de El Salvador y han sido señalados por las autoridades estadounidenses como miembros de una organización criminal transnacional, el Tren de Aragua, a la que el Ejecutivo estadounidense ha calificado como grupo terrorista.
La designación permitió al Gobierno activar un mecanismo legal prácticamente en desuso: la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa del siglo XVIII que otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo en tiempos de guerra.
Una ley con una historia polémica
La Ley de Enemigos Extranjeros fue creada en 1798 y su aplicación ha sido extremadamente limitada. Antes de este caso, solo se había invocado en tres ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos. Su uso más reciente y notorio se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando fue utilizada para justificar el internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés en campos de detención.
Durante la Administración Trump, esta ley fue recuperada para acelerar las expulsiones de migrantes supuestamente vinculados con organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Según la interpretación del entonces Gobierno, al catalogar a dicho grupo como una amenaza terrorista, se justificaba la deportación inmediata sin necesidad de agotar los procesos legales habituales en materia migratoria.
Una herramienta criticada por su legalidad y aplicación
La reactivación de esta ley por parte del Ejecutivo generó una oleada de críticas entre expertos legales y organizaciones de derechos humanos, que advirtieron sobre la falta de garantías jurídicas y el riesgo de violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes. Las expulsiones se estaban llevando a cabo sin respetar los protocolos migratorios habituales, lo que llevó a múltiples organizaciones a recurrir al Supremo.
Ahora, con esta orden de suspensión, el Alto Tribunal paraliza temporalmente cualquier traslado de los detenidos, a la espera de una resolución definitiva sobre la legalidad de aplicar esta ley en el contexto migratorio actual.