La Audiencia Nacional investiga si el apagón pudo ser ciberterrorismo
El corte de suministro, que comenzó alrededor de las 12:32 horas y que solo empezó a recuperarse parcialmente a partir de las 16:30, ha provocado una profunda alarma tanto por su magnitud como por sus posibles implicaciones en materia de seguridad nacional.
Según informó el Gobierno de España, en cuestión de segundos se perdió un 60% de la energía que estaba siendo consumida, equivalente a 15 gigavatios, un fenómeno “sin precedentes” que afectó a sistemas esenciales como la sanidad, el transporte y la industria.
La sombra del ciberterrorismo planea sobre el apagón
Evaluando hipótesis: ¿fue un sabotaje?
Aunque la causa exacta aún se desconoce, el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 4 no descarta que se trate de un acto de ciberterrorismo. Así lo refleja la resolución firmada por el magistrado José Luis Calama Teixeira, quien recuerda que el Código Penal español contempla como delitos de terrorismo aquellos ataques informáticos que busquen subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población.
La creciente dependencia de infraestructuras críticas —como las redes eléctricas, de transporte o de comunicación— convierte a estos sistemas en objetivos especialmente vulnerables para acciones terroristas. La posible afectación de un elemento tan esencial ha encendido todas las alarmas en el ámbito judicial y de seguridad del Estado.
España y la protección de sus infraestructuras críticas
Desde hace años, tanto la Unión Europea como España han desarrollado normas específicas para proteger sus infraestructuras estratégicas. Destacan la Directiva 2008/114/CE y la Ley 8/2011 española, que definen la infraestructura crítica como aquel sistema cuya perturbación tendría un impacto grave en la población.
En este sentido, España cuenta con el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, donde sectores como la electricidad ocupan un lugar prioritario. A nivel penal, las reformas de 2010 y 2015 incorporaron nuevos tipos delictivos para castigar el sabotaje informático, especialmente cuando afecta a servicios públicos esenciales o crea situaciones de grave peligro para la seguridad nacional.
Primeras diligencias acordadas
Informes y plazos
El magistrado ha ordenado una serie de diligencias inmediatas para esclarecer el origen del apagón. Entre las medidas acordadas, destacan:
Solicitud de informes al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica Corporación SA, quienes deberán explicar, en un plazo improrrogable de diez días, las causas exactas de la súbita pérdida energética.
Investigación policial a cargo de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que también deberá remitir un informe preliminar en el mismo plazo.
Esta rápida actuación pretende determinar si existe base suficiente para considerar que el apagón fue provocado deliberadamente como parte de un ataque terrorista.
Una investigación de máxima prioridad
La gravedad del suceso obliga a extremar las precauciones y a tratar el suceso con la máxima diligencia. La posibilidad de que un ciberataque haya afectado a infraestructuras críticas no solo compromete la seguridad del Estado, sino que genera un precedente inquietante en un contexto internacional cada vez más marcado por las amenazas híbridas.