La nueva Justicia Civil entra en vigor: la Ley Orgánica 1/2025 transforma el proceso civil
La esperada Ley Orgánica 1/2025 impulsa desde este miércoles una profunda reforma en la Justicia Civil con la implantación de los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y los MASC como filtro previo al litigio. Una transformación integral del modelo procesal que apunta a una justicia más ágil, accesible y centrada en el ciudadano
Este 3 de abril de 2025 entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, un texto normativo que redefine por completo el procedimiento civil en España. El objetivo central de esta nueva arquitectura judicial es dotar al sistema de mayor agilidad, eficiencia y cercanía con el ciudadano.
La reforma se asienta sobre tres pilares fundamentales: la conversión de juzgados en Tribunales de Instancia, la implantación plena de la Oficina Judicial en todo el territorio y la exigencia de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como paso previo al juicio civil. A ello se suman medidas de digitalización, oralidad reforzada y una reorganización del trabajo de los operadores jurídicos.
Tribunales de Instancia: adiós al juzgado unipersonal
Con la nueva ley, el modelo clásico de juzgados de primera instancia queda sustituido por órganos colegiados denominados Tribunales de Instancia. Se trata de una estructura funcional compuesta por varios jueces que actúan con autonomía jurisdiccional pero gestionan los asuntos de forma coordinada.
Esta configuración permite una distribución más equitativa de la carga de trabajo, mayor especialización y una organización más eficaz del personal de apoyo. Además, facilita la creación de secciones temáticas dentro del propio tribunal (familia, mercantil, arrendamientos, entre otras).
La Oficina Judicial: el nuevo corazón de la justicia civil
La Oficina Judicial se convierte en el verdadero motor del nuevo sistema. Con funciones claramente diferenciadas entre el juez (decisión jurisdiccional) y el personal administrativo (gestión procesal), esta figura permite una mejor utilización de los recursos humanos y tecnológicos.
Una novedad destacada es la creación de las Oficinas de Justicia en los Municipios, que reemplazan a los antiguos Juzgados de Paz y ofrecen servicios como:
- Presentación de escritos y documentos judiciales
- Acceso a expedientes electrónicos
- Realización de actos de conciliación y mediación
- Atención personalizada y telemática al ciudadano
Este modelo refuerza la capilaridad del sistema judicial y ofrece una alternativa presencial y digital para quienes residen fuera de los grandes núcleos urbanos.
MASC: filtro obligatorio antes de acudir a juicio
Una de las reformas con mayor impacto es la incorporación obligatoria de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). A partir de ahora, las partes deberán demostrar que han intentado resolver su conflicto mediante alguna de estas vías extrajudiciales:
- Mediación
- Conciliación
- Negociación asistida
La ley establece que no se admitirá a trámite ninguna demanda civil si no se acredita este intento previo de resolución, salvo en casos expresamente excluidos, como:
- Tutela de derechos fundamentales
- Procesos de jurisdicción voluntaria sin conflicto
- Ejecuciones de títulos no judiciales
- Litigios relacionados con violencia de género o familiar
El nuevo sistema premia el uso de los MASC con beneficios procesales: reducción de tasas judiciales, mejora del acceso a justicia gratuita y ventajas en la imposición de costas.
Menos papel, más oralidad y expediente electrónico
La ley fomenta la oralidad en las fases clave del procedimiento civil. Se reducen los formalismos escritos y se permite una mayor concentración de actos en audiencias únicas, especialmente en procedimientos de menor cuantía.
Se impone también la interoperabilidad digital como estándar obligatorio en toda la tramitación judicial. Los profesionales deberán trabajar con expedientes electrónicos, sistemas automatizados de notificación y presentación de escritos telemáticos.
El Letrado de la Administración de Justicia gana protagonismo como impulsor del procedimiento, responsable de la admisión de demandas, control de plazos y supervisión de acuerdos alcanzados a través de MASC.
Nuevas funciones para los operadores jurídicos
El nuevo modelo procesal cambia también la manera de ejercer la abogacía. Los profesionales deberán adquirir habilidades en resolución extrajudicial de conflictos, comunicación estratégica y negociación colaborativa.
Se abre, además, un nuevo espacio para el trabajo de:
- Mediadores civiles y mercantiles
- Facilitadores jurídicos
- Entidades especializadas en MASC
El Ministerio de Justicia activará un registro oficial de profesionales y entidades habilitadas, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y el respeto a los principios de voluntariedad, imparcialidad y confidencialidad.
Implantación progresiva y desafíos operativos
Aunque la norma entra en vigor con carácter general este 3 de abril, su aplicación efectiva dependerá de la coordinación entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
La previsión del Gobierno es destinar 153 millones de euros al desarrollo inicial del modelo, pero diversos actores del ámbito judicial han advertido que la dotación puede resultar insuficiente si no se acompaña de nuevas plazas, sistemas informáticos robustos y formación continua del personal.
Sindicatos como STAJ y CSIF han solicitado una evaluación de impacto real para evitar que la reforma, en lugar de reducir, genere cuellos de botella. Algunas Comunidades Autónomas, como la Valenciana, han solicitado una moratoria transitoria en municipios que aún no disponen de infraestructuras adecuadas.
