La llamada «Ley Rider» entra en vigor este jueves una vez cumplidos los tres meses de plazo otorgados a las empresas del sector para adaptarse a la normativa, que pretende acabar con el uso de falsos autónomos como repartidores obligando a contratarlos como asalariados.
El texto fue consensuado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social con sindicatos y patronal y se presentó en sociedad a mediados de marzo, aunque hasta mayo no fue aprobado por el Consejo de Ministros.
Posteriormente fue validado en el Congreso de los Diputados, aunque tanto el PP como Vox han decidido recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.
La «Ley Rider» es en realidad una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores que recoge la «presunción de laboralidad» en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.
Trabajo ha defendido que el cambio adapta la legislación a las sentencias del Tribunal Supremo, que ha condenado a varias de estas empresas por considerar que utilizaron a falsos autónomos como repartidores.
De las cuatro grandes plataformas de reparto de comida a domicilio, tres (Deliveroo, Glovo y Ubereats) mostraron su rechazo a esta modificación, y cada una ha optado por una vía distinta ante la entrada en vigor de la norma.
Glovo mantendrá como autónomos a cerca del 80 % de sus repartidores, unas 8.000 personas aproximadamente, tras idear «un nuevo modelo de relación» que en su opinión respeta la normativa y Ubereats dejará de usar autónomos y subcontratará a los «riders» a través de empresas especializadas en reparto.
Por último, Deliveroo anunció que pretende cerrar próximamente sus operaciones en España ante la nueva legislación.
Las asociaciones de repartidores pro-autónomos -que han convocado varias protestas contra la «Ley Rider» en los últimos meses- han advertido de que la regulación implicará más precariedad para quienes trabajen en flotas como asalariados con contratos temporales.
Por su parte, Riders x Derechos -a favor de que el Gobierno legisle sobre esta materia- ha advertido de que Glovo pretende saltarse la ley con su «nuevo modelo» para seguir usando autónomos, y también ha cuestionado la legalidad de que Ubereats subcontrate al 100 % de sus repartidores a través de terceros.
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