El sector agrario continúa por cuarto día consecutivo con sus movilizaciones, provocando importantes cortes de tráfico en diversas comunidades autónomas como Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, y Navarra, entre otras. Estas acciones han llevado a interrupciones en carreteras clave, afectando significativamente el tráfico de vehículos.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de múltiples incidencias, destacando cortes en la N-230 en Siétamo, Huesca, y tráfico lento en Zaragoza debido a manifestaciones en la N-232 y N-330. Teruel y Cuenca también enfrentan bloqueos, con la A-3 experimentando cortes intermitentes que han generado retenciones. Las movilizaciones se extienden a Extremadura, con la A-66 en Cáceres y otras carreteras en Badajoz siendo bloqueadas.
Interrupciones del tráfico por las tractoradas
Valencia y Castellón también se han visto afectadas, con cortes en la V-31 y la N-340, respectivamente. Málaga y Sevilla también enfrentan interrupciones, especialmente en la A-367 y la A-92. En Navarra, los cortes intermitentes en la N-121 y la presencia de tractores en Pamplona resaltan la magnitud de las protestas, que incluso han llegado a Bilbao y Vitoria, donde se han organizado tractoradas y reuniones con representantes sindicales.
Las protestas no solo han causado problemas en el tráfico, sino que también han impactado económicamente al sector del transporte de mercancías, con pérdidas estimadas en 35 millones de euros diarios. La plataforma 6F, representada por Diego Conesa, ha anunciado planes para legalizar una protesta nacional el próximo sábado, mientras que las principales organizaciones agrarias mantienen su enfoque en demandas por precios justos y políticas agrarias más flexibles, sin centrarse en la Agenda 2030, a excepción de la Plataforma 6F.
El Ministerio del Interior ha informado de 20 detenciones y miles de identificaciones y denuncias administrativas en relación con las protestas.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido la necesidad de simplificar la Política Agraria Común (PAC) y asegurar la reciprocidad en los estándares de productos importados, en un esfuerzo por responder a las demandas del sector, reconociendo que cualquier solución dependerá tanto de la Unión Europea como de las autoridades regionales.