Hace tres semanas que las aseguradoras DKV, Adeslas y Asisa dejaron desierta la licitación que había lanzado el Gobierno de cara a dar cobertura a los funcionarios acogidos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) en el período 2025-2027.
Aunque se había ofrecido una subida de las primas del 17,12 %, las aseguradoras afirmaron que esto era insuficiente para cubrir la asistencia sanitaria a los mutualistas.
Ahora, tras el envío de una carta de despida de Adeslas a los mutualistas, la crisis parece todavía más lejos de solucionarse.
La despedida de Adeslas
El pasado lunes, la aseguradora envió una carta a los mutualistas de MUFACE para notificarles que dejará de prestarles atención sanitaria una vez que expire el acuerdo actual.
El email señalaba que «lamentablemente, y en contra de nuestros deseos, las condiciones ofertadas en el próximo concierto para los siguientes dos años, no nos permite continuar prestando a MUFACE, de una manera sostenible, el servicio de calidad que venimos ofreciendo».
La aseguradora ha confirmado a sus beneficiarios que continuará brindando atención sanitaria hasta el próximo 31 de enero de 2025.
Adeslas es la aseguradora más grande de las que prestan asistencia a los funcionarios y beneficiarios de MUFACE, atendiendo a algo más de medio millón de personas. Es también una de las compañías que más antigüedad tiene dentro de MUFACE, ya que lleva colaborando desde 1975.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han señalado que la despedida de Adeslas lo único que hace es aumentar todavía más la incertidumbre a la que están sometidos los afectados. «No paramos de recibir testimonios de personas afectadas por la situación contándonos su caso: anulación de citas, pruebas médicas, aplazamiento o suspensión de operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas», declaran fuentes del sindicato.
La respuesta de MUFACE
MUFACE ha querido transmitir un mensaje de calma a los mutualistas, asegurándoles que van a mantener su atención médica.
El mensaje señala que «ningún mutualista, titular o beneficiario se va a quedar sin la asistencia sanitaria en las condiciones actuales. Cuando venza el plazo del vigente convenio, los 1,5 millones de mutualistas recibirán las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad».
Para CSIF esta respuesta es insuficiente y no ofrece ninguna garantía ni certeza sobre qué va a ocurrir a partir del próximo 31 de enero.
Una nueva licitación
El objetivo del Gobierno era que los beneficiarios de MUFACE pasaran a recibir asistencia sanitaria a través de la Seguridad Social, pero la noticia no fue bien recibida.
Las propias comunidades autónomas, que son quienes gestionan la sanidad, han cuestionado la capacidad de su infraestructura para atender a miles de personas más.
Ante esta situación, el Gobierno anunció hace unos días una nueva licitación. Pero antes de ponerla en marcha se ha optado por consultar directamente a las aseguradoras cuál es el precio que aceptarían para acudir a un nuevo concierto sanitario para el período 2025-2027.
Estas tienen hasta el próximo 4 de diciembre para indicar las primas fijas que se les tendrían que abonar por cada grupo de edad para cada ejercicio (2025, 2026 y 2027). Desglosando también los costes estimados directos, indirectos y eventuales. A fin de poder conocer cuál es el precio de las primas deseado.
MUFACE recopilará esta información y, en base a ello, elaborará un informe final que pasará a formar parte del expediente y que se publicará en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Estado.
El objetivo es hacer una nueva licitación que propicie una deseable concurrencia y que garantice la continuidad de la atención de los servicios sanitarios a los funcionarios.
Lo que no ha trascendido es la fecha para la nueva licitación, pero los sindicatos creen que podría retrasarse hasta enero o más allá.
Los afectados se movilizan
En respuesta a lo que está ocurriendo, los sindicatos han anunciado una gran movilización para el próximo 14 de diciembre.
La protesta, convocada por CSIF, se desarrollará ante la sede de la Dirección General en Madrid, y se ha confirmado que ya se está organizando el fletado de autobuses para que puedan llegar afectados desde todas las provincias.
Lo que buscan los sindicatos es que el Gobierno saque una licitación lo suficientemente atractiva como para garantizar la continuidad el sistema.