El caso de la compra-venta de carnés falsos de conducir se ha cerrado este lunes en la Audiencia de Jaén con un año de cárcel para los 102 acusados que han llenado la sala de vistas, mientras que el principal acusado, el funcionario de la Dirección General de Tráfico (DGT), Carlos R.C., no ha comparecido y sigue en búsqueda y captura por esta causa.
Un total de 36 abogados han representado a los 102 acusados que han llenado la sala de vistas y que ha llevado a la magistrada-presidenta del tribunal, Esperanza Pérez, a pedir disculpas por «las incomodidades» de la jornada ya que han sido más de dos horas lo que han tenido que esperar los acusados a las puertas de la sala de vistas hasta que abogados y Ministerio Fiscal han llegado a un acuerdo sobre las penas a imponer.
Los 102 acusados han llenado todo el espacio de la sala reservado para público, mientras que el escenario destinado al tribunal ha tenido que ser reforzado con mesas y sillas para poder acoger a los 36 letrados que representaban a las defensas.
Finalmente, todos los acusados han aceptado seis meses de cárcel por un delito un delito de cohecho y otros seis meses de cárcel por falsedad en documento oficial. Además, cada acusado deberá pagar una multa de 570 euros y otra por un montante igual a la cantidad que pagaron en su día al funcionario por obtener un permiso falso.
A Carlos R.C., el cual no se ha presentado al juicio, se le acusa de, durante el año 2007 y previo cobro de cantidades variables que oscilaban entre los 15 y los 4.000 euros, favorecer la emisión de 102 carnés de conducir falsos por un importe global de 116.881 euros.
Según recogía el escrito de calificación de la Fiscalía, el acusado, Carlos R.C., se dedicaba a realizar operaciones en el sistema informático de la DGT para «simular la existencia de un proceso administrativo de canje de permiso de conducir extranjero» a nombre de cada una de las personas que previamente habían pagado.
Días después de haber efectuado el pago y de haber facilitado sus datos al acusado, estas personas acudían a distintas oficinas o jefaturas provinciales de la DGT alegando haber perdido o tener deteriorado el permiso de conducir por lo que solicitaban un duplicado.
Como previamente ya estaban los datos introducidos por el acusado en el sistema de la Dirección General de Tráfico, estas personas, en su mayoría extranjeros, conseguían sobre la marcha permisos de conducir ajenos a todo el proceso y requisitos administrativos.
Para poder introducir los datos en el sistema informático de la DGT, Carlos R.C. utilizaba los puestos y las claves de sus compañeros de trabajo.
Por todo esto, el Ministerio Público solicita para el acusado, actualmente en paradero desconocido y sobre el que pesa una orden de busca y captura, un total de siete años de cárcel por un delito continuado de cohecho y otros siete años más de cárcel por otro delito continuado de falsedad en documento oficial, además de 12 años de inhabilitación para cargo o empleo público y el pago de una multa por valor de 300.000 euros.