Sucedió el 30 de noviembre de 2014, cuando facciones radicales dentro de los grupos ultras del Deportivo y del Atlético de Madrid -de ideologías opuestas- se citaron por las redes para pegarse en los alrededores del ya casi desaparecido estadio rojiblanco, protagonizando una batalla campal que conmocionó al mundo del deporte.
Durante cinco años la investigación de la muerte del hincha de los Riazor Blues ha vivido una especie de montaña rusa (archivos revocados, un testigo protegido al que los jueces no han dado credibilidad…) sin que hasta la fecha nadie haya aportado un testimonio solvente a ojos de la Justicia que señale a los culpables.
Al menos en lo que concierne a la pieza en la que se investigó la muerte de Jimmy -cerrada a día de hoy-, dado que el procedimiento relativo a la trifulca sigue su curso a la espera de que un juzgado de lo Penal de Madrid fije fecha de juicio contra más de 80 ultras.
Un procedimiento que también ha tenido sus idas y venidas: de los 102 procesados en un primer momento, el juez redujo la causa a 10 y, tras los recursos de las acusaciones, finalmente serán 82 los acusados que se sienten en el banquillo.
La Fiscalía les acusa de riña tumultuaria con la agravante de discriminación ideológica, tenencia ilícita de armas y atentado en concurso con lesiones y pide hasta dos años y medio de prisión y la prohibición de acceder a recintos deportivos durante la condena.
La Liga de Fútbol Profesional (LFP), acusación popular, solicita entre uno y tres años y medio, aunque precisa que las penas por algunos delitos podrían ser sustituidas por multas de entre 72.000 y 117.000 euros.
La otra pieza, denominada «Homicidio y lesiones», genera más controversia. Es la referente a la muerte de Jimmy y a las lesiones sufridas por otro hincha del Depor que fue lanzado al río Manzanares.
Una investigación por la que cuatro ultras estuvieron en prisión preventiva unos seis meses y que, a día de hoy, está cerrada a la espera de que la Audiencia de Madrid confirme la conclusión de la instrucción u ordene en su caso que se reabra el procedimiento.
Y no sería la primera vez: hace algo más de dos años, en julio de 2017, la Audiencia revocó el primer archivo del caso y ordenó al juez que practicase más pruebas. Así lo hizo, hasta que en junio de 2018, ya con un nuevo magistrado en el juzgado, volvió a cerrar el caso sin culpables.
La razón es que no existen «indicios de criminalidad contra ninguna persona» porque los dos «únicos elementos incriminatorios» no arrojaban luz suficiente.
Se trataba del testimonio del que fuera testigo protegido en otro procedimiento que se siguió en un Juzgado de Menores, y al mismo tiempo imputado en esta causa, y los atestados basados en un vídeo de baja calidad que recoge la multitudinaria pelea, del que la Policía se sirvió para identificar a unos ultras como los autores, aunque luego se demostró que no lo eran.
Ni el juez ni la Audiencia de Madrid dieron credibilidad a dicho testigo y a la vez coimputado, cuya versión, según el instructor, no era ni «fiable ni creíble».
De hecho, al juez le llamó «poderosamente» la atención que, tras ser detenido en la reyerta, dicho testigo protegido «no manifestara absolutamente nada» y ocho meses después -cuando cuatro ultras investigados ya habían salido en libertad- señalase a varios culpables.
Para las acusaciones, incluida la Fiscalía y la Liga, los archivos han supuesto un jarro de agua fría, si bien no cejan en su empeño y, según fuentes consultadas por Efe, han pedido una vez más que se reabra el procedimiento y que se dicte un auto de procesamiento al considerar que hay «indicios serios» de culpabilidad en varios investigados en virtud a algunos testimonios.
No opinan lo mismo las defensas, críticas con la instrucción y la investigación policial, que confían en que la Audiencia dé carpetazo definitivo al caso ya que no hay pruebas solventes que apunten a los culpables de la muerte del hincha de los Riazor Blues.