Fuentes fiscales han informado a Efe de que, como ha adelantado El Confidencial, el ministerio público ha solicitado al magistrado del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia, Manuel García Castellón, que ponga fin al caso después de que éste le consultase si encargaba una serie de diligencias a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.
El juez realizó esta consulta después de que la sección tercera de la Sala de lo Penal anulase la resolución en la que pedía a esa misma unidad policial que investigase presuntos pagos a Podemos en Venezuela relatados por Carvajal, en concreto unas trasferencias de 142.000 dólares (125.507 euros) a los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez, a través de la empresa Viu Comunicaciones.
También pidió investigar la presencia de Juan Carlos Monedero en Venezuela, así como a la acreditación de sus presuntos cobros a través de la petrolera estatal venezolana (PDVSA).
El tribunal, en atención a un recurso de la Fiscalía, anuló aquellas diligencias solicitadas tras las supuestas revelaciones de Carvajal, cuya entrega a EEUU por delitos de narcotráfico está aprobada pero suspendida a la espera de recursos.
Antes de acudir a la Sala, la Fiscalía, que ahora ha optado directamente por pedir el archivo de la causa, recurrió en primera instancia ante el juez de refuerzo Joaquín Gadea (al estar el magistrado titular de baja médica) al considerar que las diligencias excedían el objeto de la investigación y que lo actuado hasta el momento carecía de consistencia. El tribunal le dio la razón.
Estas diligencias se remontan a 2016, cuando un juzgado de Zaragoza se inhibió en favor de la Audiencia tras recibir una denuncia sobre presunta financiación irregular de Podemos, pero fueron inmediatamente archivadas por solicitud de la Fiscalía dado que dicha denuncia estaba fundamentada en recortes de prensa sobre el supuesto informe policial Pisa (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), al que el Tribunal Supremo no dio crédito.
El juez las reabrió en octubre del año pasado y acordó la declaración de Carvajal, que fue detenido en septiembre tras casi dos años escondido y que ha tratado por todos los medios de frenar su entrega, ahora suspendida al no ser firme la denegación del asilo que pidió en España y al tener pendiente un recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Por otra parte, otro tribunal, la Audiencia Provincial de Madrid, ha rechazado que el juez del caso Neurona, que investiga un contrato entre Podemos y la consultora del mismo nombre para las elecciones de 2019, tome declaración a Carvajal, como solicitaban las acusaciones que ejercen Vox y la Asociación de Jurisas Europeos Pro Lege.
Considera la Audiencia que la petición sólo está fundamentada en informaciones periodísticas, en «meras sospechas» y no en «auténticos indicios» que investigar en una causa que, además, ha avalado que siga abierta al menos hasta finales de julio, en contra de lo que pedía Podemos. EFE
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