Parecía desaparecida, ausente, en un segundo plano. Desde que en octubre entró en vigor la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ‘ley del solo sí es sí’, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se había mantenido al margen de la polémica sobre las rebajas de penas por agresión sexual. El foco mediático se había centrado en la ministra de Igualdad, Irene Montero, que había hecho de la norma uno de sus proyectos estrella de la legislatura, incluidos los polémicos mensajes de su secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez ‘Pam’, cuya retribución de casi 123.700 euros brutos, incluidos unos 43.400 euros de complemento de productividad, ya te contamos en Sueldos Públicos.
Llop fue muy clara esta semana pasada en el Congreso de los Diputados: “Asumo en primera persona lo que pueda pasar”. ¿Piensa dimitir? No. Lo que asume la titular de Justicia son las consecuencias de la reforma que ha presentado el PSOE en solitario para enmendar el ‘estropicio’ de la norma vigente que ya ha rebajado las penas a más de 500 delincuentes sexuales. Llop tiene el respaldo del presidente del Gobierno, según confirmaron fuentes de La Moncloa a El País. A todas luces, Llop vivía más tranquila como presidenta del Senado entre diciembre de 2019 y julio de 2021, con menos focos que en el Congreso de los Diputados y con un sueldo que rondaba los 11.000 euros brutos y unos 900 libres exentos de tributación al mes. Como ministra cobra mucho menos. El año pasado percibió 85.795 euros, incluidos siete trienios de antigüedad por su condición de funcionaria (es magistrada), según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. Los ministros no tienen derecho a pagas extraordinarias ni pluses por rendimiento o productividad. Para 2023, Llop tiene asignada una remuneración de 79.415 euros en 12 pagas de 6.618 euros, sin contar su antigüedad correspondiente.
Pero ¿qué sueldo público han percibido los altos cargos de su departamento? ¿Asumen alguna responsabilidad sobre el fracaso de la ‘ley del solo sí es sí’? Por ahora, no. Y todos cobran más que la propia ministra. Incluso, siete de los 11 puestos políticos del ministerio, altos cargos nombrados por libre designación son ‘cienmileuristas’. Algunos de ellos no son funcionarios, pero gracias al complemento de productividad que concede la ministra, sus ingresos públicos se disparan. Y los datos de Transparencia no reflejan penalización alguna o ‘castigo’ en forma de una merma en la nómina en la cúpula del ministerio.
Por ejemplo, el segundo en el escalafón del Ministerio, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, que también tiene, en teoría, responsabilidades políticas con la ley que ha hecho suya Montero, cobró 122.763 euros el año pasado. No es funcionario. Para entender esta cifra es necesario comprobar la retribución asignada para este puesto en los Presupuestos Generales del pasado ejercicio: sueldo de 14.508 euros; 23.583 euros de complemento de destino; 36.799 euros de complemento específico; y dos pagas extra (la suma de 732 euros más una mensualidad del complemento de destino, en total, 2.698 euros cada una). La calculadora arroja una cifra de 80.287 euros. La diferencia es el complemento de productividad que concede Llop. Es decir, la ministra de Justicia aprobó un plus para Rodríguez de más de 42.000 euros en 2022, a pesar de los errores de la mencionada ley que sigue dejando rebajas constantes de penas en los delincuentes por delitos sexuales.
100.000 euros y sin dimisiones
Ninguna dimisión de carácter político. Y eso que, aunque hubo advertencias durante el debate de la norma en el Congreso de los Diputados por parte del PP, el texto pasó todos los ‘filtros’, incluidos el Consejo de Estado y varios grupos parlamentarios que ahora piden cambios, la apoyaron sin fisuras. Nadie vio las consecuencias. Tampoco el Gabinete Jurídico de La Moncloa. En este sentido, la directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de Presidencia del Gobierno, cobró 102.598 euros el año pasado, incluidos cinco trienios. Se llama Judit Alexandra González Pedraz. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Posee el titulo de experta en Igualdad, Sagardoy, Business & Law School. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2006. Antes ocupó dos subdirecciones generales en el Ministerio de Justicia y una Secretaría General en una escuela vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En 2019 fue condecorada con la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Rodríguez fue nombrado a finales de 2021. Según Transparencia, por su trabajo del 8 al 31 de diciembre de ese año, ingresó 7.317 euros (23 días naturales, 17 jornadas laborables, de lunes a viernes, sin contar los fines de semana ni festivos).
Rodríguez es licenciado en Derecho y ejerce desde 1987, pero cuatro años después inició su carrera política como cargo electo: primero como concejal de Barakaldo, en Bizkaia (1991-1999) y luego de alcalde, (2003-2013). También tiene experiencia en cargos de libre designación desde hace décadas; director general de la empresa pública Azpiegitura S.A. dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia (1995-1999). Desde 2013 era senador en la bancada socialista. A nivel orgánico, fue secretario de políticas públicas de la Comisión Ejecutiva de Euskadi del PSE-EE y miembro del Comité Provincial y Comité Nacional del PSE, según la biografía publicada en la página web del Ministerio. Desde diciembre de 2021 es secretario de Estado de Justicia. Lleva más de 30 años en política, con cargos remunerados.
Por su parte, la subsecretaria de Justicia, con siete trienios de antigüedad por su condición de funcionaria, cobró 115.809 euros; la abogada general del Estado, 117.730 euros, incluidos 10 trienios; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, 118.344 euros, con seis trienios.
Con rango de director general tenemos al director de Gabinete de la ministra, que también es funcionario. Rafael Pérez García acumula 13 trienios y cobró 97.550 euros. Según el BOE, un director general tenía asignada una retribución de unos 61.000 euros el año pasado. La diferencia, de unos 36.000 euros, se debe al complemento de productividad antes mencionado y, en menor medida, a la antigüedad.
Por último, el director general para el Servicio Público de Justicia percibió 102.288 euros, incluidos ocho trienios; el secretario general técnico, 96.154 euros, con cinco trienios. A esto hay que sumar dos directores generales que superan los 100.000 euros: el de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que ingresó 102.458 euros, incluidos ocho trienios; y el de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos, que cobró 101.609 euros, con ocho trienios. En cambio, el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia se quedó con 96.685 euros, incluidos seis trienios en 2022.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos