PSOE y Unidas Podemos han llegado junto con Bruselas a un acuerdo para la reforma de las pensiones. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras lo han apoyado. Aunque esta propuesta no ha sido bien vista por parte de la patronal, cuya iniciativa ha sido tachada de «populista» y de perjudicar a los autónomos y pequeños empresarios.
Esta reforma de las pensiones tiene mucha importancia en el futuro de las pensiones por su carácter a largo plazo, ya que en principio este sistema estará vigente hasta 2044.
Aunque la CEOE, CEPYME y ATA no haya apoyado la propuesta, no sería realmente necesario para sacarla adelante porque basta con el respaldo suficiente del Congreso.
La idea principal de la reforma de las pensiones es aumentar los ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social durante los siguientes años. Además, para hacerlo también incrementarán las bases máximas de pensión, que actualmente en 2023 está en 4.495 euros al mes.
No obstante, la patronal cree que esto hará que «los trabajadores verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución.»
El Partido Popular se ha mostrado igualmente contrario a esta reforma de las pensiones argumentando que perjudicará a los futuros pensionistas que hoy tienen entre 40 y 60 años, así lo ha manifestado Esteban González Pons, eurodiputado del PP. Uno de los aspectos clave de esta reforma de las pensiones es cómo afectará a los futuros pensionistas.
Lo más básico de la reforma de las pensiones
El sistema de pensiones será dual. Esto quiere decir que se podrá elegir entre dos opciones: un periodo de cómputo a 29 años, pero descartando los dos peores años cotizados o el periodo de los 25 últimos años, que es el periodo de cómputo actual.
Este sistema dual se mantendrá para los siguientes 20 años. En 2044 solo estará la nueva opción de 27 años (29 restando los dos peores años).
Una propuesta que tiene en cuenta la brecha de género
Para minimizar los problemas por la brecha de género se añadirá un complemento del 10% a la pensión en 2024 y 2025.
Asimismo, prestará atención a aquellos casos en los que haya lagunas de cotización por cuidar a hijos y personas mayores. Un problema especialmente pensado para las mujeres trabajadoras porque son quienes más lo sufren.
Las rentas más altas pagarán más por la «cuota de solidaridad»
Aquellos salarios elevados que superen el máximo de cotización deberán pagar una «cuota de solidaridad». Esta partirá del 1% en 2025 e irá aumentando progresivamente 0’25 puntos por año hasta alcanzar el 6% en 2045.
La pensión máxima se revalorizará según el IPC cada año sumado a un incremento del 0’0115% anual hasta 2050.
En definitiva, la reforma de las pensiones tiene claramente un carácter redistributivo.
Crecimiento del mecanismo de equidad intergeneracional
Con la reforma de las pensiones se incrementará el mecanismo de equidad intergeneracional pasando del 0’6% a 1’2 en 2029. Cada año subirá una décima.
Esto busca apaciguar el problema de envejecimiento que sufre España a raíz de la generación del baby boom. Uno de los problemas del sistema de pensiones es hacer frente a la cantidad de personas de esta generación que se jubilarán.
Subida de las pensiones mínimas
Las pensiones mínimas se incrementarán de forma progresiva hasta alcanzar el 60% de la renta mediana. Aquellas pensiones mínimas con cónyuge llegarán a dicho porcentaje entre 2024 y 2027.
Por otro lado, las pensiones no contributivas subirán igualmente hasta llegar al 75% del umbral de pobreza en 2027.
¿Cuál es el problema de las pensiones?
El principal problema de la hucha de las pensiones es que lleva en números rojos desde hace años. Y el problema será mayor cuando la generación del baby boom llegue a su jubilación debido a la gran cantidad de personas que necesitarán una pensión y que la Seguridad Social tendrá que hacer frente. Una cuestión que la reforma de las pensiones no deberá pasar por alto.
¿Cuándo se aprobará la reforma de las pensiones?
José Luis Escrivá Belmonte, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cree que la reforma de las pensiones saldrá adelante. Si todo va bien, debería aprobarse definitivamente antes de que termine el semestre de 2023 porque formaría parte del cuarto desembolso de los fondos europeos de 10.000 millones de euros.
En el caso de que no se cumpla con los plazos de Bruselas, España recibiría la máxima sanción por el procedimiento de suspensión de pagos.