La Generalitat ha anunciado que repetirá todas las pruebas de oposiciones para interinos que tuvieron lugar el pasado sábado.
La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha explicado que se han detectado incidencias relacionadas con el 99,7% de las plazas afectadas. Del total de 72 procesos, se han detectado incidencias graves que implican la nulidad de los mismos en 67 (el 93%), aunque los aspirantes interesados en estas pruebas fueron 12.965 (el 99,7%).
Vilagrà, tras reunirse en el Palau de la Generalitat con representantes sindicales, ha explicado que la administración catalana rescindirá el contrato con la empresa Cegos, encargada de la logística de estas pruebas, y que ofrecerá una indemnización, todavía por cuantificar, a todos los aspirantes afectados.
Repetición de las pruebas
Las pruebas se repetirán en dos tandas, el 1 de julio y el 8 de julio, y en esta ocasión la organización la asumirá íntegramente la Generalitat.
Un total de 13.581 personas fueron convocadas para participar en las pruebas para pasar de interino a funcionario y cubrir 1.825 plazas, de las que algo más de 9.000 se examinaron en Barcelona, proceso que se enmarca en el objetivo de reducir el número de interinos hasta al 8%, frente al 35% actual.
Incidencias en las pruebas
Muchos aspirantes denunciaron el retraso en el inicio de las pruebas, de hasta seis horas en algún caso, así como problemas de identificación y de calor. Además, advirtieron que algunas de las aulas donde se celebraban las pruebas estaban masificadas, lo que facilitaba que los aspirantes pudieran intercambiar opiniones sobre el examen e incluso que copiaran. Durante el proceso, por primera vez externalizado, se detectaron «graves incidencias» y ahora el Govern está analizando cómo solventar lo ocurrido.
Rescisión del contrato con Cegos
El Gobierno catalán tiene un contrato con Cegos hasta el año 2024 por importe de 1,4 millones, y la voluntad es rescindirlo y ahora analiza si puede rescindir el contrato o penalizar a esta empresa, en la que ha «perdido totalmente la confianza», lo que está en manos del gabinete jurídico. La Generalitat aduce que la externalización tenía sentido porque se realizaban 72 pruebas distintas a la vez, pero ahora, dado lo ocurrido, afirma que el proceso lo asumirá la propia administración.