El próximo martes 19 de septiembre, el Congreso dará un paso histórico al permitir el uso de las lenguas cooficiales -catalán, euskera y gallego- en sus sesiones plenarias. Esta decisión se adoptó con el respaldo de la mayoría progresista de la Mesa del Congreso, pese a las advertencias de los letrados de la Cámara sobre las complicaciones que implica su «dificil» implementación.
Pero no solo se escucharán estas lenguas cooficiales. Los diputados que quieran expresarse en idiomas no oficiales, como el aragonés o bable, tendrán la libertad de hacerlo, con la condición de que «el propio parlamentario se autotraduzca utilizando el tiempo de intervención».
Se prevé la puesta en marcha de un sistema de traducción simultánea, al estilo de lo que ya se ha hecho en el Senado. De hecho, se garantizará la traducción de estas lenguas, contratando a traductores especializados.
La decisión de permitir el uso de estas lenguas en el Congreso responde a un compromiso del PSOE y Sumar; Armengol, en su discurso del pasado 17 de agosto, señaló que las lenguas cooficiales podrían ser utilizadas «desde ese mismo momento». Asimismo, la adopción de esta medida fue una condición impuesta por grupos independentistas como ERC y Junts para apoyar la elección de Armengol y asegurar una representación progresista.
Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de retos. Los letrados del Congreso, tras un análisis inicial, recalcaron que «resulta muy difícil» implementar el uso de las lenguas cooficiales en el corto plazo en todas las actividades parlamentarias. Según ellos, la reforma propuesta tiene un impacto integral en los procedimientos y plazos del Congreso, lo que puede comprometer el «entero funcionamiento de la Cámara».
Entre las preocupaciones, destaca la necesidad de traducir las iniciativas y documentos presentados, y cómo esto podría afectar la «inmediatez» y plazos del trabajo parlamentario. También se subraya el desafío que representa garantizar la seguridad jurídica, especialmente en temas de naturaleza reservada o secreta.
Por su parte, el PP ha asegurado que evaluará la legalidad de esta implementación, especialmente antes de la aprobación de la reforma del Reglamento la próxima semana, expresando preocupación respecto a la posición de los letrados y la constitucionalidad de la medida.
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Si frente a mí hay una persona con la que me puedo comunicar en el idioma oficial del país al que ambos pertenecemos y le hablo en un idioma de ámbito regional, está claro que no tengo interés en que me entienda. Es como si, dominando yo el alemán, me presentan a un germano en el casino de Cuenca y me empeño en hablarle en español. Tal comportamiento tendría un calificativo tan feo y denigrante que me resisto a reproducirlo”.