El Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular (PP), ha decidido derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la comunidad autónoma, en respuesta a una solicitud presentada por Vox en el Parlamento autonómico.
Tanto el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) como el Partido Socialista (PSOE), que impulsaron esta legislación hace casi dos años desde el Ejecutivo regional, votaron en contra de la iniciativa de Vox. Esta propuesta instaba al Ejecutivo a presentar con la mayor celeridad posible un proyecto de ley para derogar esta norma.
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El debate sobre esta propuesta generó la indignación de varios asistentes al pleno, miembros de asociaciones de memoria histórica, quienes fueron reprendidos por la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP), debido a sus aplausos y comentarios durante las intervenciones. En algunos casos, se les pidió que abandonaran la Cámara.
La portavoz de Vox, Leticia Díaz, criticó que la ley actual «ignora por completo a una parte de las víctimas» y enfatizó que «el dolor no tiene bandos«.
En la misma línea, Íñigo Fernández (PP) argumentó que la norma del Gobierno anterior (PRC-PSOE) es «parcial, sectaria y caprichosa», y señaló que se creó «sin diálogo» con el objetivo de «dividir a los cántabros». Fernández también criticó que esta ley permitiera al secretario regional del PSOE, Pablo Zuloaga, decidir sobre qué temas se podía hablar y cuáles no, subsidiar solo a las asociaciones memorialistas de un lado y adoctrinar en las escuelas. Sin embargo, apoyó la preservación del derecho de las familias, independientemente de su afiliación, a recuperar los restos de las víctimas y los mecanismos para conservar la documentación existente.
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El PSOE defendió que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria «no es solo para un bando» y subrayó que este tema «no se estaría debatiendo» en otros países europeos, ya que las políticas de memoria «son un deber del Estado democrático implementado por gobiernos de diferentes colores políticos». El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ofreció la colaboración del PRC para modificar la ley en lugar de derogarla, argumentando que es una norma necesaria y que se han expresado afirmaciones falsas y dolorosas para muchas de las víctimas durante la sesión. Hernando subrayó la importancia de mantener esta ley como un asunto de justicia y de derechos humanos que no debe someterse a la voluntad política.
Este debate refleja las diferencias de opinión sobre cómo abordar la memoria histórica y democrática en la comunidad autónoma de Cantabria. La decisión final sobre la derogación de la ley dependerá de las acciones del Gobierno de Cantabria.