viernes, noviembre 22, 2024
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María Jesús Montero aclara los cambios en la subvención al transporte público tras un acuerdo con Junts

Precisa que el Gobierno subvencionará el 30% del transporte, aunque resalta que en manos de cada comunidad autónoma queda otro 20%

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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado hoy que, como parte del acuerdo con Junts para respaldar el decreto anticrisis, el Ejecutivo modificará la subvención del 30% al transporte público. Según lo pactado, esta ayuda no estará condicionada a que las comunidades autónomas aporten otro 20%.

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«Con Junts hemos acordado que no condicionaremos la parte que financiaremos del transporte público local, como el metro o autobús, que no es competencia del Estado», explicó Montero a la prensa antes de un evento organizado por Nueva Economía Fórum.

La vicepresidenta aseguró que, independientemente de si las comunidades autónomas deciden o no bonificar el transporte, el Gobierno subvencionará el 30%. Sin embargo, expresó su confianza en que las comunidades autónomas contribuirán voluntariamente con un 20% para reducir a la mitad el coste del billete de autobús, aliviando así los efectos de la inflación, especialmente para la economía doméstica y los trabajadores.

María Jesús Montero resaltó que esta bonificación es una medida progresiva que beneficia a quienes utilizan el transporte público, mejorando su capacidad económica y fomentando el uso de este medio en lugar del vehículo privado. Además, instó a mejorar la calidad y puntualidad del transporte público para brindar garantías a la clase media en sus desplazamientos diarios.

En relación con la modificación de la Ley de Sociedades de Capital acordada con Junts, Montero subrayó que el derecho comunitario de las empresas a su libre instalación es claro, y el Gobierno no puede obstaculizar la elección de su ubicación. No obstante, destacó que el acuerdo refuerza la legalidad vigente para evitar «ingenierías fiscales», asegurando que las empresas no eludan sus obligaciones tributarias al declarar su domicilio social en un lugar diferente al de su actividad principal.

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