La Comisión de Venecia, el órgano jurídico y consultivo del Consejo de Europa, ha avalado la ley de amnistía a través de un informe definitivo en el que la consideran un buen mecanismo para la reconciliación política y social, aunque hacen algunos matices. El texto cuestiona que el Gobierno haya tramitado la ley por la vía urgente y también recomienda que intenten conseguir una mayoría consultiva, en lugar de una mayoría absoluta, para garantizar la reconciliación.
El Partido Popular, con mayoría en el Senado, recurrió a la Comisión de Venecia con la intención de vetar la ley de amnistía. Sin embargo, el organismo del Consejo de Europa ha publicado un informe no vinculante en el que la avalan.
La Comisión de Venecia no entra a valorar el fondo de la medida ni su constitucionalidad, porque creen que eso le compete al Parlamento y a la Justicia española. Sin embargo, los expertos del Consejo de Europa se preguntan por qué el Gobierno ha decidido tramitarla por la vía urgente, ya que el proyecto de ley suele requerir una serie de informes de diferentes actores involucrados.
Además, y aunque la mayoría absoluta sea suficiente para aprobar la ley de amnistía, instan al ejecutivo a encontrar una mayoría consultiva (tres quintos). Creen que solo así será posible alcanzar la reconciliación «para evitar efectos de división en la sociedad».
«La Comisión anima a todas las autoridades y fuerzas políticas españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones del Estado, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política, y a que estudien la posibilidad de explorar procedimientos de justicia reparadora», reconocen.
Otro aspecto que valora la Comisión de Venecia es que la ley de amnistía cubre un periodo de tiempo demasiado amplio. Por eso, invitan a «acotar y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía para hacer más previsibles sus efectos».
También, «dado que las amnistías conceden beneficios especiales», la Comisión cree que tiene que haber coherencia para determinar «qué actos están cubiertos por la amnistía, y debe existir un vínculo causal intrínseco entre ellos«. Por tanto, llaman a explicar la relación entre las consultas independentistas que se realizaron en Catalunya y los actos de malversación y corrupción que también se beneficiarían de la amnistía.
Hacen referencia explícita a los delitos de terrorismo al considerar que «el principio rector será que las amnistías solo son compatibles con las normas internacionales si se excluyen de su ámbito de aplicación las violaciones graves de los derechos humanos».
Reacciones contradictorias a la Comisión de Venecia
El PSOE y el Partido Popular han valorado el informe de la Comisión de Venecia y aunque parten del mismo texto, las conclusiones son bien diferentes. Los socialistas argumentan que el organo del Consejo de Europa defiende la constitucionalidad de la medida. El PP siempre ha defendido que debían hacer una reforma constitucional para aprobar una ley de este tipo, pero el PSOE considera que la Comisión de Venecia desmonta este argumento al afirmar que se puede aprobar mediante una ley orgánica.
«Estamos enormemente satisfechos de esta sesión, en la que ha quedado acreditado que nos encontramos dentro del marco del derecho internacional y dentro del marco del derecho europeo», ha afirmado Isaura Leal, secretaria segunda del Congreso de los Diputados.
También considera que la Comisión de Venecia pone fin a la idea de que la ley de amnistía va contra la separación de poderes. «La ley la aplicarán los jueces» y por eso creen que queda acreditado que la ley respeta la separación de poderes. Además,»cuenta con una mayoría parlamentaria que la acredita como el aval suficiente y social de la ciudadanía».
El PP, por su parte, opina radicalmente lo contrario y considera que el informe de la Comisión de Venecia «le saca los colores a Sánchez». «La realidad es que rebasa los límites del derecho europeo y denuncia que se vulneran la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial», reconocen.
Así, concluyen que «el Gobierno no pasa el examen europeo sobre una amnistía que a todas luces es un traje a medida de sus socios, a los que prometió impunidad a cambio de votos en un mercadeo inusitado en la UE«.