La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido en su escrito de conclusiones todos los delitos que imputa al exministro Rodrigo Rato, solicitando 63 años de cárcel y una multa de 42,44 millones de euros. Según el escrito de conclusiones definitivas de la fiscal Elena Lorente, se imputan al exministro 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, abarcando el periodo de 2005 a 2015.
La fiscal anticorrupción defiende su labor ante las críticas de Rodrigo Rato
Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, Anticorrupción había indicado que Rato habría defraudado más de 8,5 millones al fisco. La posición de la Fiscalía ha sido calificada como «extrema» por fuentes de la defensa del exministro, quienes consideran que la acusación persiste para mantener la presión sobre Rato.
Además, al término de la vista, Rato se refirió a una causa abierta en un juzgado de Tarragona para investigar al despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, Equipo Económico, criticando la posición del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, por oponerse a ciertas pesquisas. El exministro expresó su deseo de participar en esta investigación.
La causa en Tarragona investiga si la consultora Equipo Económico utilizó sus influencias en beneficio de sus clientes. Rato manifestó su deseo de que la Fiscalía Anticorrupción no obstaculice esta investigación. La investigación ha generado debate interno en la Fiscalía Especial, con discrepancias sobre los pasos a seguir entre la fiscal a cargo del procedimiento y Alejandro Luzón.
En el juicio a Rato, también se discutió la prueba documental. La fiscal solicitó la lectura de declaraciones de encausados fallecidos durante la instrucción del caso y la incorporación de la traducción de una página web relativa a residencias fiscales en Estados Unidos. La defensa de Rato se opuso a estas solicitudes, pero el tribunal admitió la lectura de las declaraciones y rechazó la incorporación del documento solicitado por la Fiscalía.
Las sesiones se reanudarán el 6 de mayo con la exposición de los informes. Las defensas solicitaron la libre absolución de los encausados y la consideración de la atenuante de dilaciones indebidas debido a los nueve años de tramitación del procedimiento.