Vox ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra la multa de más de 230.000 euros que le ha impuesto el Tribunal de Cuentas por aceptar aportaciones destinadas a sufragar sus acciones judiciales, algo que el órgano fiscalizador considera donaciones finalistas prohibidas por la ley.
El origen del caso se remonta al informe de fiscalización de partidos políticos de 2019, donde el Tribunal de Cuentas detectó posibles infracciones legales tipificadas como muy graves en la financiación privada de Vox y otras formaciones. En el caso de Vox, se le reprochaba haber recibido donaciones finalistas, algo prohibido en el artículo 5 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
Querella contra Torra y una fianza
El dinero, según anunció el partido cuando realizó la cuestación, se destinó a financiar acciones judiciales, incluyendo los gastos necesarios para interponer una querella contra el independentista Quim Torra y la fianza para liberar de la cárcel a un hombre acusado de matar a un ladrón. Este informe dio lugar a un expediente sancionador que se ha cerrado recientemente, resultando en una multa para Vox de más de 230.000 euros: 50.000 euros por la querella contra Torra y otros 183.324,22 euros por la defensa, el doble de la cantidad irregularmente recaudada (91.662,11 euros).
Sanciones previas y defensa de Vox
Las donaciones finalistas ya motivaron en enero una multa de 241.000 euros al PDeCAT, el partido independentista sucesor de Convergència, que terminó en proceso de liquidación. A través de su cuenta oficial en la red social X, Vox defendió estas donaciones finalistas, negando que fueran financiación irregular y asegurando que en su momento «el partido actuó con total transparencia al informar sobre el destino de los fondos al comenzar ambas campañas».
Vox defiende las cuestaciones
«No se trata de donaciones irregulares sino de aportaciones realizadas por cientos de españoles para causas judiciales del partido contra separatistas y para ayudar a una víctima de la delincuencia, ayuda que se consignó judicialmente en su totalidad», sostiene Vox. Así, el partido liderado por Santiago Abascal ha adelantado que recurrirá la decisión del Tribunal de Cuentas ante el Supremo porque tiene la seguridad de que «hemos hecho lo correcto y las afirmaciones que se realizan no se ajustan a la realidad».
Este conflicto subraya las tensiones en torno a la financiación de los partidos políticos en España y plantea interrogantes sobre la interpretación y aplicación de la ley en casos de donaciones y financiamiento. El recurso de Vox ante el Supremo será un paso crucial en este proceso legal.