La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha informado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre la realización de investigaciones extrajudiciales a políticos de Podemos por orden de la cúpula del Ministerio del Interior durante los años 2015 y 2016. En ese periodo, se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados de dicha formación.
Este informe, enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5 en respuesta a la solicitud del juez, detalla que el 27 de marzo se pidió una relación de las solicitudes de acceso por funcionarios policiales a los ficheros informatizados durante esos años, focalizadas en los nombres de los diputados de Podemos. La Unidad de Informática y Comunicaciones elaboró una certificación de dichas consultas, indicando tanto el funcionario como la fecha y hora de cada consulta.
Detalles del informe
El listado de diputados objeto de estas consultas, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, incluye a 55 diputados electos en las elecciones generales de diciembre de 2015 y 2016, pertenecientes a Podemos, En Comú Podem, En Marea y Compromís. Figuran nombres relevantes como el ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias, la ex ministra de Igualdad Irene Montero, la actual secretaria general de Podemos Ione Belarra y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.
También aparecen en el listado el portavoz de Sumar en el Congreso y fundador de Podemos, Iñigo Errejón, el ex diputado por Compromís Joan Baldoví, la ex diputada Carolina Bescansa y el actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
La querella de Podemos
Este informe se enmarca en el procedimiento que el juez Pedraz abrió en febrero, cuando admitió parcialmente la querella de Podemos contra el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director Adjunto Operativo Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía. La querella alega investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre los cargos de la formación ‘morada’.
El juez Pedraz, admitió parcialmente la querella siguiendo la línea solicitada por la Fiscalía. Se rechazó investigar al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y otros responsables policiales. La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. Sin embargo, se desestimaron los delitos de malversación y delito contra las instituciones del Estado al no poder subsumirse en los hechos relatados.
Operaciones y objetivos
En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo de Francisco Martínez, «se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, sin control judicial o del Ministerio Fiscal, sobre las personas que conformaban la organización política». Además, la formación apuntaba que Martínez informaba periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien tenía la capacidad de decisión última.
El objetivo principal, según el partido, era la filtración de información a los medios de comunicación bajo el sello de «fuentes policiales» para desprestigiar a la formación ante la opinión pública, atentando contra la indemnidad de sus diputados y otros cargos públicos. Este modo de operar se concretó en ocho actuaciones, incluyendo la investigación a Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento falsario de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited y la manipulación de documentos o registros policiales internos.
Resoluciones judiciales
El juez Pedraz, al admitir parcialmente la querella, señaló que algunos hechos serían competencia de la Audiencia Nacional y constitutivos de infracción penal, procediendo su admisión parcial. En cuanto a los hechos y personas no admitidos, el magistrado afirmó que no aparecía evidencia suficiente para imputar a todos los querellados con la finalidad criminal señalada.
Finalmente, Pedraz solicitó a su compañero del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, información de la macrocausa ‘Tándem’ -conocida como ‘caso Villarejo‘- como las diligencias relativas al examen del contenido de los mensajes en el móvil de Francisco Martínez, para continuar con la investigación.