El Gobierno de Aragón ha tomado medidas drásticas tras los graves acontecimientos en el Centro de Atención de Menores (CAM) de Ateca. El Departamento de Bienestar Social y Familia ha presentado una reclamación administrativa por daños y perjuicios contra la UTE encargada de la gestión del centro, formada por Lagunduz y la Fundación Salud y Comunidad, tras la detención y encarcelamiento de su director y cuatro trabajadores, acusados de maltrato a dos menores.
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La consejera del área, Carmen Susín, anunció en rueda de prensa que esta reclamación se fundamenta en el «incumplimiento de la Ley de Contratos Públicos» y que, de ser necesario, se podrían emprender acciones judiciales. Además, el Gobierno de Aragón ha decidido rescindir el contrato con esta UTE tanto de manera inmediata como para futuros acuerdos.
Además de la reclamación, el Departamento de Bienestar Social ha iniciado una investigación interna. Para ello, se ha designado un instructor y ya se ha abierto un expediente disciplinario a la persona responsable del Servicio Provincial de Tutelas y Protección a la Infancia. El Gobierno también se ha personado en el proceso judicial que sigue el Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud.
Durante la rueda de prensa, Susín destacó que se han identificado «deficiencias en los canales de información y comunicación» y aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para resolver la situación. Como parte de estas acciones, el Departamento se reunirá con los directores de todos los centros para comunicarles el nuevo plan de observancia.
Entre las nuevas medidas adoptadas se incluye el refuerzo del personal encargado de estas labores, la creación de un protocolo contra malas prácticas, y el establecimiento de una comisión de seguimiento. Además, el Gobierno de Aragón está evaluando la posibilidad de realizar una auditoría de todos los contratos vigentes para centros similares al de Ateca, con el objetivo de asegurar que se cumplan según lo establecido.
La consejera subrayó la importancia de detectar cualquier «negligencia» en la atención a los menores y aseguró que toda la información relevante será puesta en conocimiento de la juez instructora. Si se comprueba que hubo negligencia por parte de la Administración, se tomarán las medidas judiciales correspondientes.
Susín también hizo hincapié en la importancia de investigar por qué se ha llegado a esta situación, preguntándose si hubo denuncias previas y cómo se gestionaron, así como si existió negligencia en la vigilancia de los menores o en el traslado de información.
El Gobierno de Aragón, añadió Susín, no cesará en su esfuerzo por aclarar este asunto, subrayando que la prioridad es velar por el bienestar y la seguridad de los menores involucrados.
Finalmente, en cuanto a la situación de los menores afectados, la Administración regional ha coordinado la reubicación de los mismos, y está en contacto con sus homólogos del País Vasco y Baleares, ya que había menores de estas comunidades en el centro de Ateca. La consejera aseguró que se ha actuado con la máxima diligencia para garantizar la protección de estos jóvenes y que el Gobierno de Aragón seguirá tomando todas las medidas necesarias para mejorar el sistema de atención a menores en la comunidad.