En un momento en el que la llegada de inmigrantes irregulares a las costas españolas ha alcanzado niveles verdaderamente alarmantes, las enquistadas posturas partidistas sobre cómo gestionar esta crisis humanitaria continúan más presentes que nunca, con un presidente que se encuentra atrapado entre una crisis migratoria que no da tregua y una solución que necesariamente pasa por un consenso con el PP.
Así, frente a un Gobierno que sigue abogando por el reparto obligatorio de los menores inmigrantes entre las diferentes comunidades autónomas como única solución al conflicto, el Partido Popular ha registrado este martes una proposición en el Congreso de los Diputados que busca reforzar la protección de las fronteras ante la “inacción” del Gobierno de Sánchez. Una proposición compuesta por un total de trece medidas que abordan temas como el incremento del número de agentes fronterizos, la colaboración con los países de origen, la puesta en marcha de mecanismos de inmigración regular y la solicitud de colaboración con la Unión Europea.
“La política migratoria tiene que ser una política de Estado, que requiere un abordaje integral, y que permita, por un lado, el obligatorio control y protección de las fronteras, y por otro lado, también y a la vez, el respeto a los derechos humanos y a la atención e inclusión de las personas migrantes que llegan a nuestro país”, ha subrayado la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós.
De ahí que la proposición de los populares incluya medidas complementarias al aumento del control fronterizo, como exigir que el Gobierno habilite y ponga a disposición de las autoridades correspondientes “las infraestructuras que el Estado tiene en desuso y cerradas” con el objetivo de adaptarlas para acoger y brindar atención a los inmigrantes mientras se resuelve su situación administrativa.
El PSOE responde y acusa al PP de “falta de humanidad”
Ante la propuesta de los populares, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó este miércoles que la estrategia del Gobierno en cuanto a la inmigración ha sido “muy transparente”, en contraposición a la postura migratoria del PP, que asegura es similar a la postura de la ultraderecha, “criminalizando las conductas de las personas que vienen a nuestro país a buscar mejores condiciones de vida”.
En este sentido, Montero sostiene que el Gobierno aboga por una migración “ordenada”, subrayando que “la defensa de los derechos humanos” debe ser prioritaria y “nunca puede estar en cuestión, venga de donde venga la persona”. Todo ello en el marco de una contundente crítica al principal partido de oposición que refleja la ausencia de cualquier posibilidad de consenso.
Además, Montero ha aprovechado la ocasión para recordar que el PSOE votó a favor de la reforma de la Ley de Extranjería “para que no sea voluntaria la acogida de los menores”; matizando que su partido, que no gobierna en Canarias, “ha sido mucho más sensible con la situación” de esta comunidad “de lo que está siendo el Partido Popular”.
Clavijo afirma que la solución a la crisis migratoria está en el consenso
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró que la solución al problema migratorio está en el consenso. “Yo creo que si todos queremos dar una respuesta, tenemos que buscar el consenso para que sea unánime. Si al final lo que queremos es ir cada uno por nuestro lado, pues no tendremos una respuesta homogénea”, señaló el dirigente de Coalición Canaria.
Asimismo, respecto a la proposición del PP, Clavijo afirmó que aún no ha podido leerla, pero considera que la misma “puede ser una oportunidad para conseguir aceptar y ponernos todos de acuerdo en un principio, o puede ser un elemento más de tratar esto como un problema político. Esto no es un problema político ni un problema territorial, esto es un problema humanitario. Y como problema humanitario tenemos que responder como sociedad”.
Una crisis migratoria que, más que una prueba a la capacidad de gestión de la acogida por parte de España, supone un reto para la gobernabilidad democrática en un país donde hoy reina la tensión; con un Gobierno que defiende el reparto obligatorio y una oposición que apuesta por la seguridad fronteriza, mientras que las autoridades canarias siguen esperando la llegada de recursos para la gestión de una crisis migratoria que podría tener implicaciones duraderas para la unidad nacional.