Según la presidenta madrileña, esta acción busca proteger «la igualdad de todos los españoles ante la ley, la seguridad jurídica y la separación de poderes». Además, ha anunciado la solicitud de recusación de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez.
En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ayuso subrayó que desde el Partido Popular y la Comunidad de Madrid no permanecerían pasivos «ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia». A su juicio, la Ley de Amnistía ha sido «escrita al dictado de quienes intentaron un golpe de Estado desde Cataluña» y la ha calificado de «arbitraria y escandalosamente inconstitucional». Además, acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dar «otro paso» en lo que considera una estrategia para «destruir el Estado de Derecho» con el único fin de mantenerse en el poder.
En su discurso, Díaz Ayuso ha criticado a quienes defienden la ley, preguntándose «¿Ahora cómo deshacemos tanto daño? ¿Cómo piensan que podemos tragar con la mentira de que esto se hace por la convivencia, si sabemos lo que todos los socialistas abominaban de la amnistía por inconstitucional?»
Denuncia de una reforma encubierta
Para Ayuso, el proceso legislativo mediante el cual se ha aprobado esta ley vulnera la Constitución española y los reglamentos del Congreso de los Diputados. Según afirmó, la Ley de Amnistía no es más que una «reforma oculta» de la Constitución.
Con respecto a las recusaciones solicitadas, la presidenta madrileña justificó su solicitud basándose en la «pública y notoria vinculación» de los magistrados con el PSOE, el cual es responsable de la propuesta de la Ley de Amnistía. Además, recordó que «el exministro Campo ha pedido abstenerse», una cuestión que será debatida próximamente.
Díaz Ayuso declaró que su gobierno está comprometido a «hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se atropelle nuestra Constitución y se destruya España». Advirtió que instituciones clave del país, como «el Senado, la Monarquía, la Constitución y las comunidades autónomas, especialmente Madrid», están siendo atacadas por un gobierno que, en sus palabras, «no acepta críticas ni respeta la pluralidad o la verdad».