El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Acción por la Democracia, con un total de 31 medidas pactadas entre los dos partidos del Gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE y Sumar. Una “hoja de ruta” que, según explicó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, será implementada durante los 3 años restantes de la legislatura.
En este sentido, el Gobierno asegura que el plan aprobado pretende reforzar la transparencia de los medios de comunicación y garantizar que tengamos una “democracia limpia” de “elementos corrosivos” que atenten contra el derecho de los ciudadanos al acceso a información veraz y de calidad. Todo ello, a través de un plan que, según Bolaños, actúa en virtud del marco europeo, tomando como fuente de inspiración el plan con el mismo nombre aprobado por la UE en 2020 y posteriormente complementado en 2023.
Asimismo, el ministro de Presidencia y Justicia ha destacado que la implementación del Plan de Acción por la Democracia contará con la creación de una Comisión Interministerial que se reunirá al menos cada 3 meses para realizar el seguimiento correspondiente.
Bolaños retrata un plan a tres ejes
Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha detallado, junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, los tres ejes o bloques de medidas que constituyen el plan de 25 páginas, vinculados a ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental, fortalecer la transparencia y la pluralidad de los medios de comunicación, y a reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral del país. Un plan tan ambicioso como superficial, ya que abarca una enorme cantidad de medidas, pero aporta pocos detalles sobre su implementación.
No obstante, el bloque más preocupante y el que plantea más dudas sobre la prevalencia del derecho a la libertad de expresión es el segundo eje. Una tanda de propuestas dirigidas a fortalecer la transparencia y la pluralidad de los medios de comunicación, con un profundo espíritu derogador al que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha preferido referirse bajo el título de “reforma integral”.
A este respecto, Urtasun ha anunciado la creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y sobre la inversión publicitaria que reciben, para así diferenciar entre los verdaderos medios de comunicación que buscan informar y los que solo pretenden entorpecer el panorama mediático promoviendo noticias falsas. Para ello, el ministro de Cultura explicó que el registro tiene que ser “elaborado y tutorizado por un organismo independiente”, que, en este caso, será la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC).
Sin embargo, la selección de la CNMC como institución independiente parece bastante desacertada, ya que, en la actualidad, los miembros de la comisión en cuestión son designados por el propio Gobierno, específicamente por el ministro de Economía y Competitividad, de acuerdo con la Ley 3/2013 de creación de la CNMC. Una observación a la que Urtasun ha respondido afirmando que se va a “reformar” dicha comisión con el objetivo de que “pueda asumir esas competencias”. Además, Urtasun ha aclarado que la definición de los criterios por los que se determinará si se trata de un medio de comunicación o no partirá del trabajo con expertos del sector y con los diferentes grupos parlamentarios.
Por su parte, Bolaños ha anunciado que se llevará a cabo una reforma de la Ley del Derecho al Honor (1982) y a la Rectificación (1984), pues el Gobierno considera que el Código Penal “ha quedado claramente obsoleto” en esa materia, ya que, en ese entonces, no se preveía “el ecosistema que tenemos hoy de medios de comunicación y las formas en las que se producen esas difamaciones y esas publicaciones”, destacó Bolaños.
Asimismo, el ministro de Presidencia y Justicia ha señalado que el objetivo de esta reforma es que los ciudadanos que se vean afectados, “se dediquen a la política o no”, tengan una respuesta efectiva por parte de los tribunales. Una medida previamente anunciada por Sánchez en el marco de una reflexión sobre el caso de tráfico de influencias que rodea a su mujer, Begoña Gómez, lo que sugiere cierta duda sobre si la reforma podría limitar la libertad de expresión de los medios en relación a temas similares.
Por último, fue Urtasun el encargado de anunciar la introducción de una reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”, junto a una reforma de la Ley de Mediación de Audiencias “para que no se puedan falsear las audiencias incurriendo en prácticas que alteran las visitas reales”. De manera que todas las administraciones tendrán que publicar anualmente sus datos de inversión publicitaria y contarán con un límite de financiación a los medios de comunicación.
La posibilidad de consenso para la aprobación del Plan de Acción por la Democracia en las Cortes
Como bien ha expresado el ministro Bolaños, gran parte de las medidas que constituyen este Plan de Acción por la Democracia tendrán que pasar por las Cortes para su aprobación en un contexto marcado por un parlamento evidentemente fraccionado. Sin embargo, el Gobierno cree que el apoyo al plan por parte del resto de grupos parlamentarios será “muy mayoritario”, pues sostienen que no se entendería que el consenso al que se ha llegado en Europa, con apoyo del PP, no se traduzca en un consenso aquí en España.
Asimismo, Bolaños ha arremetido sutilmente contra los populares por emitir opiniones “sobre folios en blanco”, es decir, por expresar su rechazo a un plan del que todavía no tienen conocimiento. Una acusación que, al parecer, ha importado poco a los populares, pues, horas después de la aprobación del Plan de Acción por la Democracia en el Consejo de Ministros, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha anticipado al PSOE que no apoyarán ninguna medida que busque “la censura” o “tapar” investigaciones judiciales.
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