El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado la suspensión cautelar del protocolo de atención a menores migrantes no acompañados, impulsado por el Gobierno autonómico de Fernando Clavijo, debido a posibles vulneraciones de derechos. La Fiscalía de Canarias presentó un recurso contencioso-administrativo argumentando que la normativa «podría comprometer la entrega de menores a las autoridades autonómicas», dejando a estos niños en una situación de desprotección.
El auto, emitido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, otorga al Gobierno regional tres días para presentar alegaciones. La Sala subrayó que la suspensión del protocolo se justifica por «circunstancias de especial urgencia», coincidiendo con la advertencia de la Fiscalía sobre una «alteración relevante del marco normativo». Según el TSJC, las actuaciones del Gobierno de Canarias suponen una «innovación no poco relevante del régimen jurídico vigente», lo que ha llevado a los magistrados a mantener el sistema actual hasta que se resuelva el fondo del asunto.
La disputa entre el Gobierno central y Canarias
El protocolo paralizado fue aprobado por el Ejecutivo autonómico con el objetivo de que el Estado asumiera un papel más activo en la primera atención de los menores migrantes que llegan a las islas en pateras. Este nuevo marco establecía que la Policía identificara a los menores, valorara su condición para solicitar refugio y completara expedientes individualizados antes de que fueran ingresados en los centros de acogida. Además, se establecía que el ingreso solo se produciría si había plazas disponibles.
Sin embargo, la Fiscalía se opuso enérgicamente al protocolo, argumentando que contravenía la legislación vigente y dejaba a los menores en una situación de «desamparo patente». El Ministerio Público subrayó que la comunidad autónoma tiene la responsabilidad exclusiva de proteger a los menores migrantes, tal como establece la normativa, y que imponer requisitos adicionales, como la identificación policial y la verificación de plazas, podría retrasar su protección inmediata.
Las advertencias del TSJC y de la Fiscalía sobre el protocolo de atención a menores migrantes
La Sala de lo Contencioso-Administrativo también señaló que el nuevo protocolo introduce burocracia innecesaria, como la obligación de fijar un lugar de entrega, cumplimentar documentación individualizada y verificar la identidad de los menores, lo que podría comprometer su recepción inmediata por las autoridades autonómicas. La Fiscalía advirtió que esta medida podría suponer una discriminación basada en el origen de los menores migrantes, vulnerando así los principios de igualdad y protección establecidos en la Constitución Española y la Convención de los Derechos del Niño.
El TSJC, por su parte, aboga por mantener el «principio de elemental cautela», subrayando que las decisiones relacionadas con los menores migrantes afectan a un colectivo «especialmente vulnerable». La Sala instó a las administraciones central y autonómica a buscar «espacios de encuentro» y fomentar la «lealtad y cooperación institucional» para abordar de manera efectiva el desafío que plantea la inmigración irregular en Canarias.
La reacción del Gobierno de Canarias
El Gobierno de Canarias ha defendido la legalidad del protocolo. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, aseguró que los menores migrantes «están siendo entregados con foto, con ficha, con el nombre», y que «están perfectamente atendidos». Además, subrayó que las autoridades autonómicas están actuando dentro de sus competencias y que el protocolo cumple con la normativa vigente.
El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha criticado la intervención del Estado y las medidas judiciales, calificando las advertencias de la Fiscalía de «ridículas». Clavijo defendió que su Ejecutivo solo incurriría en abandono si se negaran a recibir a un menor debidamente identificado, y acusó al Gobierno central de no colaborar con Canarias en la gestión de este problema.