El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de su consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha reiterado este jueves su postura “completamente en contra” de la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, ha defendido que las empresas deben tener la libertad de organizarse según sus necesidades. “Nosotros no vamos a ser quienes les digamos a los sectores cómo lo tienen que hacer”, señaló Albert durante la Asamblea General Anual de Portobello Capital en Madrid.
Asimismo, Albert subrayó que, aunque algunos sectores podrían funcionar con jornadas de cuatro días, en otros esto no sería viable. De modo que, considera fundamental que la flexibilidad se mantenga como un principio clave en la organización laboral de cada empresa, para adaptarse tanto a las características de cada sector como a las necesidades específicas de trabajadores y empresarios. En este sentido, el gobierno regional aboga por dejar esta cuestión en manos de la negociación colectiva, pues, según Albert, la reducción de la jornada no mejoraría la competitividad ni la productividad del país; un argumento que respaldó citando al “informe Draghi”, que subraya la importancia de una economía flexible en un entorno global.
“Cada sector tiene sus propios retos y dinámicas”, dijo la consejera de Economía, recalcando que las soluciones generalizadas, como la reducción de la jornada laboral, no pueden aplicarse por igual en todas las industrias, ya que la imposición de una medida uniforme podría traer más problemas que beneficios. Además, advirtió que las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayoría del tejido empresarial en Madrid, serían las más afectadas, ya que carecen de los recursos suficientes para reorganizar sus horarios sin comprometer su capacidad productiva.
Por último, Albert aseguró que la prioridad del Gobierno regional es garantizar que España siga siendo un país atractivo para los fondos europeos. “No podemos alejarnos de lo que hacen otras economías con las que competimos”, afirmó, defendiendo que la libertad para que las empresas organicen sus jornadas sin interferencias es la mejor solución para mantener la competitividad de España en el mercado global.
García Martín fija la posición del Gobierno madrileño contra la reducción de jornada laboral y alerta del impacto en pymes y autónomos
Las declaraciones de Albert van en la misma línea que las ofrecidas este miércoles por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien dejó clara la firme oposición del Ejecutivo madrileño a la reducción de la jornada laboral, a pesar de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, haya mostrado cierta apertura a dialogar sobre la posibilidad de una semana laboral de cuatro días en sectores específicos.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín rechazó la medida propuesta por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pues aseguró que reducir la jornada laboral sería perjudicial para la competitividad y la productividad del país.
Además, el consejero popular destacó que esta medida afectaría gravemente a los autónomos y a las pymes, que constituyen más del 90 % del tejido productivo a nivel nacional. “Nuestro país no es una isla, tiene que competir con otros países y otros mercados”, subrayó García Martín, señalando que España no puede permitirse políticas que vayan en contra de lo que hacen otros países, y reafirmando que el objetivo debe ser proteger a las pymes, autónomos y trabajadores para fomentar el empleo y mejorar la economía.
De este modo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se presenta como uno de los más firmes en su rechazo a cualquier tipo de reducción de la jornada laboral, priorizando siempre la productividad y competitividad de la región. No obstante, desde el entorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso han aclarado que no hay tal contradicción con lo que defiende Núñez Feijóo, pues consideran que la clave está en cómo se distribuyen las horas de trabajo.
Feijóo se abre a estudiar la semana laboral de cuatro días para mejorar la productividad en España