El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por un presunto delito de revelación de secretos. Esta decisión se produce tras una querella presentada por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que marca un hecho inédito en la historia judicial de España, ya que es la primera vez que un fiscal general es imputado.
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La denuncia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso
El origen de esta causa se remonta al 14 de febrero, cuando la Fiscalía de Madrid publicó una nota informativa en la que detallaba correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, y el fiscal del caso Julián Salto, en relación con una investigación sobre un supuesto fraude fiscal. Este comunicado generó la denuncia de González Amador, al considerar que se vulneraba su derecho a la confidencialidad.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que la difusión de esta información no se habría producido sin la autorización del fiscal general del Estado, lo que ha llevado a la imputación de Álvaro García Ortiz y de la fiscal Pilar Rodríguez Fernández, quien supuestamente habría facilitado los datos necesarios para la elaboración de la nota informativa.
Investigación y conexiones en la Fiscalía
El Tribunal Supremo ha designado al magistrado Ángel Luis Hurtado como instructor de la causa, destacando la «conexión inescindible» entre las actuaciones de García Ortiz y Rodríguez Fernández, lo que impide la apertura de causas separadas. A su vez, los magistrados que componen el tribunal, entre ellos Susana Polo como ponente y Manuel Marchena como presidente, han subrayado que la responsabilidad del fiscal general del Estado es clave en este proceso.
El tribunal considera que los hechos investigados, aunque ya habían sido reportados por algunos medios de comunicación en marzo, se encuentran vinculados a la revelación de correos electrónicos confidenciales que sólo estaban en poder de la Fiscalía y del propio González Amador. Esto supone una posible vulneración de derechos que deberá ser esclarecida en el curso de la investigación.
Repercusiones jurídicas y políticas
Este caso ha generado gran expectación tanto en el ámbito judicial como en el político. La imputación del máximo responsable del Ministerio Público plantea un escenario sin precedentes. A pesar de la gravedad de la acusación, García Ortiz ha anunciado que continuará en su cargo mientras se lleva a cabo la investigación.
El Tribunal Supremo ha indicado que, de confirmarse los indicios de criminalidad, podría haberse producido un perjuicio al derecho de defensa de González Amador, al divulgarse correos que incluían su reconocimiento de culpabilidad en un supuesto fraude fiscal. Esta revelación, que no fue realizada en un marco legal adecuado, podría afectar la presunción de inocencia del afectado, según el alto tribunal.
Próximos pasos
Con la apertura de esta investigación, el Tribunal Supremo deberá determinar si las actuaciones del fiscal general del Estado y de la fiscal jefe de Madrid constituyen un delito de revelación de secretos. Se espera que en los próximos meses se lleven a cabo nuevas diligencias para aclarar cómo los medios de comunicación accedieron a los correos electrónicos antes de que se emitiera la nota informativa de la Fiscalía.
Este proceso también podría implicar importantes consecuencias para el Ministerio Público, ya que cuestiona la forma en que se manejan los procedimientos internos y la confidencialidad en casos de alto perfil mediático.