El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha desestimado, por unanimidad, la querella presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación que afecta a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta decisión se ha emitido tras evaluar los argumentos expuestos por la Abogacía del Estado, que señalaba que el juez Peinado habría incurrido en prevaricación al citar a Sánchez como testigo de manera presencial, en lugar de permitirle declarar por escrito, conforme a su cargo de presidente del Ejecutivo.
En el auto emitido este viernes por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, se ha incluido un voto particular, aunque no afecta al fallo final, que respalda de manera firme la actuación del juez Peinado. Esta resolución se ha producido tras la revisión del informe emitido por la Fiscalía, que había recomendado la admisión de la querella interpuesta por Sánchez a través de los servicios jurídicos del Estado.
Los argumentos de la querella
La querella presentada contra el juez Peinado y su sustituto, el juez Carlos Valle, hacía referencia a dos decisiones clave: una primera providencia en la que se citaba a Pedro Sánchez a declarar como testigo en la investigación relacionada con su esposa, y una segunda providencia en la que se desestimaba la posibilidad de que dicha declaración se realizara por escrito. El presidente del Gobierno argumentaba que la decisión del juez de citarlo presencialmente violaba las garantías procesales que le correspondían como jefe del Ejecutivo.
La Abogacía del Estado, que representaba a Sánchez en este proceso, defendió que la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga al presidente del Gobierno la posibilidad de prestar declaración por escrito cuando los hechos en cuestión estén vinculados a su cargo. Según los servicios jurídicos del Estado, la providencia emitida por el juez Peinado el 19 de julio no justificaba de manera adecuada por qué se exigía la presencia física del presidente para tomarle declaración en el caso.
Sánchez se acoge a su derecho a no declarar
El 30 de julio, el juez Peinado acudió al Palacio de La Moncloa para tomar declaración a Pedro Sánchez como testigo. Sin embargo, el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar, amparándose en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que permite que los cónyuges de los investigados se nieguen a testificar. En este caso, al ser Begoña Gómez la investigada, Sánchez pudo hacer uso de este derecho.
La querella por prevaricación se presentó el mismo día en que se debía tomar declaración al presidente. En ella, los abogados del Estado aseguraban que la citación presencial de Sánchez era contraria a la ley, al privarle de la opción de declarar por escrito, lo que consideraban una «decisión arbitraria y carente de justificación legal» por parte del juez.
La respuesta del TSJ
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su fallo, ha rechazado estas alegaciones, considerando que la actuación del juez Peinado fue conforme a derecho. El tribunal ha respaldado las decisiones tomadas en el marco de la investigación, señalando que no se vulneraron las garantías procesales de Sánchez y que su citación presencial era procedente.
Este revés judicial para el presidente del Gobierno también ha generado una serie de reacciones políticas. Pedro Sánchez ha defendido públicamente la querella y ha insistido en que su objetivo era garantizar la legalidad en el proceso. No obstante, el rechazo de la querella por parte del TSJ debilita su posición en este controvertido caso que involucra tanto a él como a su esposa.
Investigación en curso
El caso que investiga el juez Juan Carlos Peinado tiene como foco la posible implicación de Begoña Gómez en actividades de tráfico de influencias y corrupción relacionadas con negocios durante la pandemia. Aún no se han revelado más detalles sobre el estado de la investigación, pero se espera que la situación continúe desarrollándose en los próximos meses.
Mientras tanto, el Gobierno ha reiterado su disposición a colaborar con la Justicia en todo lo que sea necesario y ha subrayado que no interfiere en los procedimientos judiciales. Este asunto, que ha causado una significativa polémica política, seguirá siendo objeto de análisis en los círculos judiciales y mediáticos de España.