A partir de este lunes, los conductores de autobuses urbanos, interurbanos y de grúas de España emprenderán una huelga general para exigir la jubilación anticipada, para lo que se han establecido servicios mínimos establecidos del 50% a nivel nacional. Según la normativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, la mitad de las rutas autorizadas deberán cubrirse, y en las líneas con una sola expedición diaria, esta se mantendrá por completo.
Las principales compañías de transporte de larga distancia informarán a los pasajeros afectados por las cancelaciones y ofrecerán la opción de cambiar los billetes sin coste adicional. A nivel regional, los servicios mínimos se ajustarán según las directrices locales.
Comienza la huelga general
Este lunes marca el inicio de una serie de paros que se repetirán los días 11, 28 y 29 de noviembre, así como el 5 y 9 de diciembre. En caso de no alcanzar un acuerdo, las huelgas podrían volverse indefinidas a partir del 23 de diciembre. Además, los sindicatos CCOO y UGT han convocado una concentración en la Delegación del Gobierno en Madrid para este lunes a las 12:30 horas.
La decisión de mantener la huelga llegó tras la falta de consenso en las negociaciones mantenidas el pasado jueves, en las que el Ministerio de Trabajo y Economía Social intentó mediar con las asociaciones patronales del sector. En un comunicado, tanto la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) como la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) lamentaron la ausencia de un acuerdo y pidieron a los sindicatos la realización de un estudio preliminar sobre los efectos de la jubilación anticipada antes de iniciar el procedimiento formal ante el Ministerio.
Esta situación afecta a los sectores de autobuses y grúas, los únicos en los que no se logró un acuerdo para anticipar la jubilación, a diferencia de los trabajadores de ambulancias y mercancías, quienes suspendieron sus paros tras pactar con el Gobierno medidas específicas para la jubilación anticipada, alegando la peligrosidad de su trabajo. A pesar de la falta de consenso, las patronales aseguran que están dispuestas a dialogar para intentar resolver el conflicto.