El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que el Ejecutivo ha concedido un indulto parcial al exconcejal del Partido Popular José Luis Peñas, quien en 2007 destapó el caso Gürtel, una de las mayores tramas de corrupción en la historia de la democracia española.
Esta medida de gracia, que permitirá a Peñas retomar su puesto como funcionario en el Ayuntamiento de Madrid, responde, según Bolaños, a “razones de justicia y equidad”, subrayando que “quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno de España”. En este sentido, el ministro explicó que el exconcejal popular, condenado a cinco años y nueve meses de prisión, seguirá sin cumplir esta pena en la cárcel, ya que ningún delito de su condena supera los dos años individualmente.
De modo que el indulto solicitado por el propio Peñas corresponde únicamente a la inhabilitación absoluta que hasta ahora recaía sobre él, sustituyendo esta sanción por una inhabilitación especial para cargos de libre designación, que le permitirá retomar su medio de vida.
La colaboración de Peñas en la investigación
José Luis Peñas, tras renunciar a su cargo como concejal de Majadahonda, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la trama Gürtel, aportando horas de grabaciones que revelaban los mecanismos de adjudicaciones irregulares y sobornos en beneficio de diferentes figuras del Partido Popular. Sin embargo, a pesar de que su colaboración fue reconocida como “esencial” tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo, los magistrados consideraron probado que Peñas también había participado al principio en la trama, recibiendo sobornos por cerca de 40.000 euros y facilitando al líder de Gürtel, Francisco Correa, el acceso a contratos municipales. De modo que, Peñas fue declarado culpable de delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, malversación y asociación ilícita.
No obstante, su papel como informante y su disposición para colaborar en las distintas etapas judiciales del caso fueron elementos clave que inclinaron tanto a la Fiscalía como al Tribunal Supremo a favor del indulto parcial. En este sentido, en un informe remitido al Ministerio de Justicia, la Sala Penal del Supremo señaló que “a pesar de su condena”, Peñas había comparecido como testigo en las distintas piezas judiciales relacionadas con el caso y que su testimonio había sido “constante, coincidente e incluso valiente”.
Asimismo, la Fiscalía destacó que la concesión del indulto debía fundamentarse en la directiva comunitaria que protege a quienes denuncian infracciones de interés público, enfatizando que el sistema español carece aún de medidas de protección adecuadas, a diferencia de otras legislaciones europeas.
Un mensaje de apoyo a quienes denuncian
Durante su intervención, Bolaños remarcó que, con esta medida, el Ejecutivo pretende transmitir “un mensaje clarísimo” de apoyo a quienes deciden colaborar con la Justicia, asegurando que “el Gobierno ampara, respalda, reconoce y apoya a todas aquellas personas que denuncian”. En este sentido, el ministro subrayó que el indulto a Peñas representa un “paso firme en la transparencia de las instituciones y en la protección de los informantes”, reflejando el compromiso del Gobierno de España con poner freno a la corrupción.
De manera que, el indulto concedido no solo permite que el exconcejal retome su actividad como funcionario, sino que además busca marcar un precedente, estableciendo a Peñas como un referente simbólico para aquellos ciudadanos que eligen no permanecer en silencio frente a las irregularidades, bajo las garantías de protección y reconocimiento por parte de las instituciones democráticas.
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