El Consejo de Ministros aprobó este martes la puesta en marcha de las dos primeras medidas del Plan de Acción por la Democracia, vinculadas a la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Informante y a la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. Dos reales decretos que se enmarcan en el esfuerzo del Gobierno por promover la transparencia y proteger a quienes denuncien irregularidades y casos de corrupción en la administración pública y privada, facilitando así la colaboración con la justicia.
En este sentido, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó que la Autoridad Independiente tiene como objetivo servir de “pilar institucional clave en la lucha contra la corrupción”, dotando a los informantes de apoyo financiero, jurídico y psicológico, y garantizándoles anonimato y protección frente a posibles represalias.
No obstante, la creación de esta autoridad tiene lugar en un contexto político complejo, influenciado por los recientes escándalos de corrupción en los que el propio Gobierno se encuentra involucrado, como el ‘caso Koldo’ y el ‘caso Begoña Gómez’, lo que otorga un cierto grado de ironía a la intención declarada por el Ejecutivo de fomentar la denuncia de cualquier infracción normativa y de apoyar a los ciudadanos que colaboren con la justicia.
Control gubernamental en la designación de la autoridad
A pesar de la calificación de “independiente” que el Gobierno ha dado a esta institución, la proximidad de la nueva autoridad al poder central ha despertado críticas en torno a su real autonomía. Dado que el presidente de la Autoridad será propuesto por el propio ministro Bolaños y posteriormente ratificado en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, excluyendo a formaciones como el Partido Popular de cualquier participación en la elección.
A este respecto, algunos expertos han señalado la existencia de un patrón de designación similar al de otros puestos clave en organismos como RTVE, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, todos presididos por personas vinculadas o afines al Gobierno, denunciando así una presunta erosión en los controles y equilibrios del país.
Además, Bolaños explicó en sus declaraciones a los medios que la Autoridad Independiente estará financiada, al menos inicialmente, por el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, hasta que el organismo cuente con un presupuesto propio, reforzando así las dudas sobre su independencia efectiva.
Estructura y competencias de la Autoridad Independiente
En relación con la estructura de la nueva Autoridad Independiente, Bolaños explicó que estará conformada por una presidencia y una Comisión Consultiva que incluirá figuras con “trayectoria indiscutible” de la Fiscalía y del Banco de España. Asimismo, la autoridad contará también con un Departamento de Protección del Informante, un Departamento de Seguimiento y Régimen Sancionador, y un Departamento de Gerencia, todos orientados a recibir y tramitar denuncias que involucren tanto al sector público como al privado en actividades de corrupción o infracciones normativas que tengan lugar en más de una comunidad autónoma.
Además, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros indica claramente que cada comunidad autónoma deberá crear su propia autoridad de protección del informante, y que, en caso de no hacerlo, deberán suscribir un convenio con la autoridad estatal para que esta asuma las competencias de denuncia en su territorio, garantizando así una cobertura nacional para todos los ciudadanos.
Refuerzo del Ministerio Fiscal y especialización en delitos económicos
Paralelamente a la creación de esta Autoridad Independiente, el Consejo de Ministros también aprobó la ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal, creando 79 nuevas plazas, de las cuales dos estarán destinadas a fiscalías especializadas: la Fiscalía de Delitos Económicos y la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Dos unidades específicas que permitirán una mejor respuesta ante casos de corrupción, ofreciendo una mayor especialización en delitos económicos complejos y facilitando una investigación más eficaz.
Asimismo, Bolaños agregó que seis de las 79 nuevas plazas del Ministerio Fiscal estarán especializadas en violencia de género y se adscribirán a los juzgados de violencia de género existentes en ciudades como Almería, Málaga y Valencia, así como en puntos críticos en la lucha contra el crimen organizado, como Cádiz y Algeciras. De modo que, con este incremento de recursos humanos, el Gobierno busca agilizar la respuesta judicial en ámbitos clave, mejorando la persecución de delitos que afectan de manera directa a la sociedad y a la administración.
Un pilar institucional rodeado de sospechas
En definitiva, las nuevas medidas aprobadas representan para el Gobierno un avance en el marco del Plan de Acción por la Democracia y un paso decisivo en la creación de una red de protección efectiva para quienes colaboren con la justicia, permitiendo que cualquier ciudadano pueda denunciar irregularidades con la seguridad de recibir respaldo del Estado y evitar represalias.
No obstante, la falta de una independencia completa en el nombramiento del presidente de la Autoridad y en su financiación genera grandes dudas sobre la credibilidad institucional y la capacidad de este organismo para cumplir con sus funciones sin responder a influencias políticas.
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