El Partido Popular ha lanzado duras acusaciones contra el Gobierno por lo que considera un intento de “chantaje” al condicionar las ayudas a los damnificados por la DANA en la Comunitat Valenciana a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. Esta vinculación ha generado una fuerte reacción entre los líderes del PP, que insisten en que el apoyo a las víctimas del desastre no debe depender de un debate presupuestario, una situación que ha encendido un tenso cruce de declaraciones entre los populares y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que defiende la necesidad de reflejar estas ayudas en las cuentas estatales como parte de una respuesta integral.
El eurodiputado y vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, fue el primero en manifestar su rechazo a esta estrategia del Gobierno, calificándola de “maldad”. En este sentido, González Pons señaló que existen mecanismos para que el Ejecutivo ofrezca apoyo inmediato sin necesidad de involucrar los Presupuestos Generales, como un decreto ley o la reasignación de fondos europeos.
“Someter a la aprobación del presupuesto las ayudas es intentar beneficiarse políticamente de lo que está sucediendo, y eso es malo y es feo”, declaró Pons, enfatizando que la Comisión Europea ha mostrado disposición para permitir que España reasigne fondos Next Generation a la reconstrucción en Valencia. “Se pueden asignar nuevos objetivos y hacer que el flujo de los fondos, que no ha sido gastado y es muchísimo, se dedique a la reconstrucción”, agregó el vicesecretario popular, recordando que la “flexibilidad” es un elemento crucial para responder con rapidez a las necesidades de los afectados.
Desde el Gobierno, la respuesta a las acusaciones populares ha sido tajante. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, criticó al PP por su “actitud de cinismo irresponsable” y defendió la necesidad de incluir el plan de ayudas de 10.600 millones de euros en los PGE. En este sentido, Marlaska sostuvo que el país enfrenta una “tragedia sin precedentes” que requiere una inversión importante que “tiene que tener su reflejo” en las cuentas del Estado, dada la magnitud de la emergencia.
Asimismo, el ministro del Interior aclaró que esta primera fase de ayudas estará seguida por otras dos fases centradas en la reconstrucción y el relanzamiento de la economía en las zonas afectadas, defendiendo la labor del Gobierno y el trabajo de las autoridades para asegurar la estabilidad y seguridad en las áreas afectadas por la DANA.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se sumó a las críticas hacia el PP describiendo las acusaciones de “chantaje” como “fuera de sitio”, y defendiendo la lógica existente en el ajuste de las cuentas a las “circunstancias trágicas” provocadas por la DANA en la Comunidad Valenciana.
“La obligación del Gobierno de España es articular todos los mecanismos… para multiplicar por cuatro las ayudas que teníamos antes de la DANA”, sostuvo Torres, situando el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros como un elemento indispensable para asegurar una recuperación a largo plazo. Por último, el ministro hizo un llamado a la “responsabilidad” y al consenso político, subrayando que el clamor de la ciudadanía es que los dirigentes “caminen de la mano” para abordar la crisis.
El PP apoya el decreto, pero exige más fondos
Más allá de las discrepancias y de las acusaciones de chantaje, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, confirmó que su partido respaldará la convalidación del decreto de ayudas de 10.600 millones de euros. Un decreto que considera “insuficiente”, sugiriendo que el monto debería elevarse a los 31.400 millones de euros que ha solicitado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
En este sentido, Gamarra criticó que, de los 10.000 millones anunciados, solo 5.000 corresponden a ayudas directas, mientras que el resto son líneas de crédito. Una distribución que considera poco efectiva, tomando en cuenta que hay gente que precisa de una respuesta urgente y garantista porque “lo ha perdido todo” y que las infraestructuras destruidas en Valencia requieren una inyección de fondos mucho mayor para una recuperación efectiva.
De modo que, si bien el enfrentamiento político entre el PP y el Ejecutivo se sitúa en un segundo plano ante la actual emergencia humanitaria, lo cierto es que la polémica pone de manifiesto la existencia de dos visiones completamente divergentes sobre la política de emergencia y la gestión de recursos en situaciones de crisis.
Dos posturas contrarias que se enfrentarán próximamente en el Congreso con el PP abogando por mecanismos rápidos y específicos para no retrasar la llegada de recursos, mientras que el Gobierno insiste en que un compromiso financiero de tal magnitud necesita reflejarse en los PGE para poder responder de manera integral a la crisis generada por la DANA.