Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, continúa señalado por su papel en la gestión de la DANA que arrasó 69 localidades de la provincia de Valencia hace dos semanas. ¿Podría desembocar en una dimisión? Por el momento, el Consell aparta estos fantasmas, aunque se plantea una posible remodelación dentro del Ejecutivo valenciano y que en este caso, podría afectar a alguna consellería como la de Salomé Pradas, Justicia e Interior, de la que depende Emergencias, quien también está en el punto de mira desde hace días.
La asociación Iustitia Europa ha registrado ya la primera querella contra Mazón por omisión del deber de socorro, prevaricación omisiva, homicidio imprudente y lesiones ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Pero también ha sido interpuesta contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica en el Tribunal Supremo. A esta última «por su responsabilidad directa como máxima autoridad respecto de la Confederación Hidrográfica del Júcar«, anuncian.
La dirigida contra el president valenciano se ha ampliado por los hechos sobre su ausencia en el CECOPI, «al que que no llegó hasta las 19:10 horas (aproximadamente), cuando la situación ya era crítica, con varias ciudades de la provincia de Valencia en inundación», dice la entidad. La falta de coordinación y la tardía respuesta, por su inacción y omisión agravaron presuntamente los efectos de la catástrofe, exponiendo a la población a riesgos que, según Iustitia Europa, pudieron haberse evitado. Mazón comparecerá el jueves en les Corts Valencianes para dar explicaciones.
Con estas acciones legales, Iustitia Europa «busca que se abran las correspondientes investigaciones penales contra dichas autoridades y se depuren las posibles negligencias y omisiones, resaltando que una gestión coordinada hubiera reducido significativamente el impacto de la tragedia en la Comunidad Valenciana».