Un grupo formado por magistrados retirados del Tribunal Supremo, antiguos fiscales anticorrupción, expresidentes de la Audiencia Nacional, catedráticos de derecho, filósofos y periodistas han interpuesto una querella criminal contra el rey emérito, Juan Carlos I. Los denunciantes le atribuyen cinco delitos fiscales relacionados con sus declaraciones tributarias entre 2014 y 2018.
La querella sostiene que las dos regularizaciones fiscales realizadas por el rey emérito en 2020 y 2021, por un total de más de cinco millones de euros, no cumplen con los requisitos legales. Según los querellantes, estas regularizaciones se efectuaron tras haber sido notificado de investigaciones abiertas por hechos de relevancia tributaria.
Entre las personalidades que respaldan esta acción legal se encuentran los exfiscales anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. También se han sumado a esta iniciativa periodistas y filósofos, con el objetivo de cuestionar la legalidad de las actuaciones fiscales del rey emérito.
Situación jurídica tras la abdicación
La denuncia señala que los hechos ocurrieron tras la abdicación de Juan Carlos I, lo que implicó la pérdida de la inviolabilidad que hasta entonces le había amparado según la interpretación del texto constitucional por parte de los tribunales españoles.
El comunicado de los querellantes destaca que, para que las regularizaciones tengan efecto despenalizador, estas deben realizarse antes de la notificación de actuaciones por parte de la Agencia Tributaria.
Asimismo, los querellantes manifiestan su desacuerdo con el dictamen de la Fiscalía General del Estado, que en 2022 avaló las regularizaciones realizadas por el rey emérito. Según ellos, los órganos judiciales tienen la potestad de evaluar la validez de dichas regularizaciones y decidir si se ajustan o no a la legalidad.
«En nuestro sistema procesal, la opinión del Ministerio Fiscal no cierra la vía para exigir responsabilidades penales ante los tribunales de Justicia mediante el ejercicio de la acción popular», indica el comunicado.
Declaración en Abu Dabi y nuevas diligencias
Los denunciantes han solicitado que Juan Carlos I declare en su residencia de Abu Dabi y que se interrogue a varias personas relacionadas con la gestión de su fortuna en el extranjero. Entre estos, se encuentra Álvaro de Orleans, primo del exmonarca y presidente de la Fundación Zagatka, descrito como «la principal fuente de financiación de todos los gastos» del emérito, según Martín Pallín.