El Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el inicio de la legislatura, dadas las múltiples acusaciones de corrupción que afectan de forma directa tanto a miembros del Ejecutivo como a familiares del presidente. En este contexto, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió con firmeza la inocencia del entorno socialista y desmintió una serie de afirmaciones que considera falsas e infundadas.
“Si alguien acusa, tiene que aportar pruebas”, reiteró Alegría en varias ocasiones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un encuentro donde las preguntas sobre las polémicas judiciales eclipsaron otros anuncios importantes, como la aprobación de un tercer paquete de ayudas de 2.274 millones de euros destinados a paliar los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana.
En este sentido, uno de los casos que más generó preguntas entre los periodistas fue el de Begoña Gómez, específicamente en relación con la presunta participación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, en la gestión de las actividades comerciales privadas de la esposa del presidente en la Universidad Complutense de Madrid. A este respecto, Alegría defendió que todas las parejas presidenciales desde el Gobierno de Felipe González han contado con asesores cuyas tareas se limitan a actividades de organización y logística, destacando que Álvarez ocupa un puesto de carácter eventual registrado en la Secretaría General de la Presidencia, que tiene una categoría inferior a cargos similares en gobiernos anteriores.
“Aquí no hay ni altos cargos ni opacidad de ningún tipo”, subrayó la portavoz, evitando a toda costa aclarar si dichas funciones de asesoramiento, logística y organización incluyen las gestiones mencionadas en los correos electrónicos recogidos por el juez Juan Carlos Peinado.
Asimismo, en relación con el frente judicial que afecta al hermano del presidente, David Sánchez, Alegría denunció las “sospechosas similitudes” entre estas acusaciones y las dirigidas contra Begoña Gómez, señalando que ambas provienen de organizaciones ultraderechistas como Vox, Hazte Oír y Manos Limpias. Unas organizaciones a las que acusó de utilizar “informaciones falsas” para atacar al Gobierno, asegurando que desde el Ejecutivo mantienen la “máxima tranquilidad” porque están convencidos de que “no hay nada”.
Por su parte, en relación al “caso Koldo”, Alegría calificó como “falsas e injuriosas” las recientes declaraciones del empresario Víctor de Aldama, quien afirmó haber entregado importantes sumas de dinero a altos cargos socialistas como Santos Cerdán, María Jesús Montero y Ángel Víctor Torres. Además, la ministra portavoz señaló que Aldama es una persona “sin credibilidad” y lo retó a presentar pruebas ante los juzgados o ante la Guardia Civil.
Adicionalmente, Alegría respondió a las acusaciones de la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz, reiterando la necesidad de que estas acusaciones se respalden con pruebas en sede judicial y subrayando que este tipo de declaraciones “sin sustento” solo agravan la “indefensión” de los acusados. “Es el mundo al revés: el inocente está condenado a defender su inocencia mientras el mentiroso lanza bulos con absoluta impunidad”, lamentó la ministra.
Por último, respecto a la dimisión de Juan Lobato como secretario general del PSOE-M, tras la presunta filtración de información fiscal sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alegría sostuvo que el documento que Pilar Sánchez Acera habría enviado a Lobato ya era de dominio público. En este sentido, la portavoz acusó al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, de difundir información falsa relacionada con el caso, desmintiendo las insinuaciones de Lobato que apuntan a un posible engaño sobre el origen de la información.
De esta manera, Alegría expresó su indignación ante la estrategia de “difamación” que, según ella, pretende desviar la atención de los logros del Ejecutivo, que, a pesar de la intensidad de las polémicas, continúa “trabajando para la gente” y aprobando importantes medidas sociales, como las ayudas para las víctimas de la DANA en Valencia, que suman ya más de 16.000 millones de euros.