Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Cataluña y Murcia, las comunidades autónomas del Mediterráneo, se han unido contra la propuesta de la Unión Europea de reducir de 133 a 27 días los días de pesca. El conseller valenciano de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha señalado que es una iniciativa «nefasta porque aboca al cierre de la pesca en todos los puertos del Mediterráneo. Es una iniciativa ideológica y radical que impide mantener estos puertos abiertos».
Supone una reducción del 70% de los días en esta actividad, por ello, ha instado al Gobierno español a «defender los intereses de los pescadores de la Comunidad Valenciana ante la propuesta de Europa y a buscar los apoyos necesarios en Europa para bloquear esta decisión que no ha tendido en cuenta ningún criterio económico, sociológico ni técnico». Así lo ha transmitido Barrachina tras mantener una reunión de trabajo junto con el director general de Pesca de la Conselleria, Miguel Castell; el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; el director general de Pesca de las Islas Baleares, Antoni Grau; el director general de Producción Agrícola, Ganadería y Pesca de Murcia, Juan Pedro Vera; y el director general de Política Marítima y Pesca Sostenible de Cataluña, Antoni Espanya.
«Estamos unidos para hacer un frente común junto con los pescadores de las diferentes comunidades autónomas para evitar que se ponga en marcha esta medida que supondría acabar con la pesca de arrastre en nuestros territorios», ha matizado el conseller.
Golpe económico y alimentario
En este sentido, Barrachina ha informado que «ayer le mandé una carta al nuevo comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, en la que le solicité una reunión para tratar esta situación y poder explicarle, de primera mano, la importancia de la pesca para la economía de la Comunidad Valenciana y las consecuencias tan negativas en puestos de trabajo, directos e indirectos, que puede conllevar esta medida tan drástica”. «Nadie puede trabajar 27 días al año para sobrevivir todo el año».
Incidiendo en el caso valenciano, ha apuntado que «con 483 buques, corre un grave peligro de desaparecer, pues al desguace de los 201 buques de arrastre le seguiría, irremediablemente, el cierre de la práctica totalidad de las cofradías y lonjas, pues los gastos fijos de funcionamiento quedarían exclusivamente sobre las espaldas del resto de buques, que no podrían mantener un mínimo de competitividad”. También ha incidido en que es «un gran golpe económico y también en términos alimentarios porque el pescado fresco en la Comunidad Valenciana dejará de existir y se tendrá que consumir solo pescado congelado.”