El sindicato CSIF ha decidido dar un paso más ante el deterioro de la atención médica que afecta a los mutualistas de Muface. Este lunes 9 de diciembre, la organización ha registrado una denuncia formal ante el Defensor del Pueblo, respaldada por centenares de quejas recibidas en las últimas semanas. Estas denuncias alertan sobre retrasos, anulaciones y suspensiones de citas médicas, así como de cirugías y consultas a especialistas como neurología pediátrica, urología, digestivo, cardiología, traumatología, psiquiatría y ginecología.
Además, CSIF denuncia que algunas clínicas están pidiendo a los funcionarios que asuman personalmente el coste de los tratamientos si desean ser atendidos. Esta situación, vinculada a la incertidumbre sobre el próximo concierto sanitario, ha generado un clima de alarma e inseguridad entre los mutualistas y sus beneficiarios, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o graves, informa el sindicato.
Acciones previstas
Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF, ha convocado a los medios a las 11:00 horas frente a la sede del Defensor del Pueblo, en la calle Zurbano, 42, donde atenderá preguntas tras presentar la denuncia. Además, el sindicato planea trasladar estas quejas al Congreso de los Diputados el próximo miércoles, 11 de diciembre, buscando el apoyo de los grupos parlamentarios para impulsar iniciativas que protejan el modelo de Muface.
Movilizaciones a nivel nacional
Ante esta situación crítica, funcionarios de todo el país han convocado una manifestación en Madrid para el sábado 14 de diciembre. El objetivo es defender su derecho a una atención sanitaria adecuada y exigir garantías para el mantenimiento del modelo público de Muface. Según CSIF, «no vamos a permitir que se juegue con la salud de 1,5 millones de mutualistas y beneficiarios». Además, no se descartan nuevas medidas de presión, como paros parciales o incluso un paro total en la Función Pública.
CSIF busca que el Defensor del Pueblo y los grupos parlamentarios actúen con urgencia para frenar esta crisis y garantizar que el derecho a la protección de la salud de los funcionarios no se vea vulnerado. La central sindical insiste en que el modelo de Muface es fundamental y su deterioro pone en peligro la asistencia médica de millones de personas.