«Todavía sigue habiendo muchas incógnitas porque, a día de hoy, seguimos sin saber de quién dependían los teléfonos, de quién dependía la seguridad de esos teléfonos, por qué tardaron en denunciarlo… y el Gobierno sigue queriendo tomar el pelo a este parlamento, es decir, a todos los españoles».
Así de contundente se ha mostrado hoy en el Congreso, durante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, el diputado del Grupo Parlamentario Popular José Enrique Núñez Guijarro, en las interpelaciones que, sobre el ‘Caso Pegasus‘ ha realizado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha comparecido esta mañana ante esta comisión.
La titular de Defensa ha defendido en todo momento la «actitud permanente de colaboración con la justicia», tanto por parte de del CNI como del Centro Criptológico Nacional (el CCN, que depende del CNI y, ambos, del Ministerio de Defensa). Y también ha reiterado lo que ya dijo en su comparecencia del pasado mes de mayo ante la misma comisión: que la infección con el software Pegasus en los teléfonos móviles de varios miembros del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez y ella misma, «no puso en peligro la seguridad nacional».
Las explicaciones de Robles, que ha enumerado todos los informes que el CNI y el CCN han elevado al Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, donde el juez José Luis Calama está instruyendo el caso, no han convencido al portavoz popular.
Ni siquiera cuando la ministra ha afirmado que se han realizado «investigaciones técnicas» que han ido atendiendo a «todos los requerimientos» efectuados por el juez, «tanto en las diligencias previas como en el traslado de las órdenes europeas de investigación procedentes de Francia».
Precisamente sobre Francia, país cuyas informaciones sobre espionajes a políticos y periodistas con el software espía Pegasus de la firma cibernética israelí NSO, provocaron la reapertura del caso, ha reflexionado también el portavoz popular.
Núñez Guijarro ha sostenido que en Francia «hay más colaboración que en España», a lo que Robles le ha respondido que el hecho de que el país galo diese cuenta de esos espionajes a la Audiencia Nacional (el pasado mes de abril) viene a confirmar que «si pensábamos que eso sólo ocurría en España, hemos comprobado que en Francia también».
Robles ha admitido que «somos vulnerables» en muchos ámbitos (ha puesto como ejemplo la DANA o el COVID-19) y ha subrayado que ella misma «se ha visto perjudicada» por el espionaje Pegasus; pero ha insistido una y otra vez, como ya hiciera en mayo, que «ninguna de las cuestiones que se podía haber hallado dentro de los móviles tenían la materia de clasificación específica de reservada».
«¿Qué miedo tenían y qué miedo tienen a dar esa información?»
El diputado popular, que ya «leyó la comparecencia» del mes de mayo, ha reprochado a la ministra que el Gobierno «sigue sin proporcionar una información que es de interés para todos los ciudadanos».
«No podemos pasar por alto -ha dicho- que se hayan robado más de 2,5 gigas al teléfono del presidente del Gobierno». Y, en ese sentido, ha planteado a Robles dos cuestiones: «¿De qué se avergonzaron tanto para no denunciar los hechos en su momento? ¿Qué miedo tenían y qué miedo tienen a dar esa información?».
La ministra ha reiterado que seguirán colaborando con la justicia, ha explicado que ya se han remitido a la Audiencia Nacional «hasta 10 informes técnicos» relacionados con el ‘Caso Pegasus’, y que todos ellos «han sido remitidos, en tiempo y forma, al órgano judicial socilitante».
Pero no ha proporcionado la información que le ha requerido el Grupo Parlamentario Popular, que es el que ha puesto sobre la mesa el ‘Caso Pegasus’ en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. «Mientras el Juzgado de Instrucción nº 4 esté instruyendo la causa, estaremos a las resoluciones que pueda dictar», ha sentenciado Robles.
Preguntas sin responder sobre el ‘Caso Pegasus’
El portavoz popular, tras la primera intervención de la ministra a raíz de las preguntas iniciales que le ha formulado, ha vuelto a cuestionar «qué pasó realmente con esas infiltraciones, qué relación existió entre el robo de información de esos teléfonos y algunas de las decisiones de política internacional que se tomaron a renglón seguido».
Y también ha criticado que se siga «sin explicar por qué no se denunció el hackeo de los móviles» cuanto éste se produjo. «Pienso en varios escenarios -ha reflexionado en voz alta el diputado popular-: en su ineficacia en el ámbito de la seguridad nacional, que espero que no; o en que el contenido concreto del material interceptado por el programa Pegasus fuera algo de lo que ustedes no quieren dar conocimiento a esta Cámara».
También ha personalizado en Robles el hecho de que, estando ella «como ministra», se ha producido «un grave caso de espionaje que pone en duda nuestros sistemas internos de seguridad y que, por la fuga de información sensible, y con un posible y probable chantaje de por medio, ha puesto en riesgo la seguridad nacional y la seguridad del Estado».
«Creo sinceramente que es un tema lo suficientemente serio -ha añadido- como para que, al final, la justicia acabe investigándolo en profundidad y se depuren todas las responsabilidades que haya que depurar».
Robles ha respondido, también con contundencia, que «la adjudicación de responsabilidades sólo le corresponde al poder judicial». «Los que hemos sido perjudicados hemos sido nosotros -ha sentenciado Robles, y eso tiene que quedar muy claro».