El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, una reforma que sustituye la normativa vigente desde 1984 con el objetivo de adaptarla al entorno digital actual y combatir la proliferación de noticias falsas. Esta reforma extiende el derecho de rectificación más allá de los medios de comunicación tradicionales, incluyendo por primera vez a los denominados influencers.
Durante la rueda de prensa, el titular de la cartera de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó los principales detalles de la reforma, acompañado por la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. En este sentido, Bolaños hizo hincapié en la necesidad de actualizar la normativa vigente con el fin de “promover una mayor calidad en el debate público” y proteger a los ciudadanos frente a las informaciones falsas o inexactas. Una iniciativa que, según explicó, forma parte de la implementación del Plan de Acción por la Democracia, presentado por el Gobierno de Sánchez el pasado mes de septiembre con el objetivo de garantizar la “transparencia” y combatir la “desinformación”.
“Es imprescindible modernizar, adaptar a la realidad del siglo XXI el Derecho a la Rectificación y también ser conscientes del impacto que está llevando a cabo en todas las democracias, en la española desde luego, pero también en las democracias europeas y de nuestro entorno, el impacto que tienen los bulos y las fake news en el debate público”, afirmó Bolaños, subrayando el cambio radical que ha experimentado el ecosistema informativo en los últimos 40 años.
Asimismo, Bolaños defendió la reforma asegurando que la nueva ley servirá “para que se amplifiquen las buenas prácticas de los medios de comunicación a otros que en el día a día, con demasiada frecuencia, publican hechos e informaciones que son inexactas o que son directamente falsas”.
“Queremos promover una mayor calidad en el debate público, facilitar y garantizar el derecho a la rectificación de los ciudadanos de nuestro país cuando se vean afectados por una información falsa.”
— La Moncloa (@desdelamoncloa) December 17, 2024
El ministro de @M_Presidencia, Félix Bolaños, sobre la Ley de Rectificación⬇️ pic.twitter.com/cd9bS0HVLp
Cambios destacados de la nueva ley del Derecho de Rectificación
Entre los cambios más significativos que introduce la nueva ley, destaca la incorporación de la figura de los “usuarios de especial relevancia en redes sociales” dentro del marco de la rectificación. En este sentido, Bolaños detalló que el texto aprobado establece que cualquier usuario que acumule más de 100.000 seguidores en una sola red social o 200.000 en total a través de distintas plataformas será considerado como un sujeto relevante y deberá asumir la responsabilidad que implica gozar de un “alcance y repercusión equiparable a la de los medios de comunicación tradicionales”.
Adicionalmente, en relación con los titulares del Derecho a la Rectificación, Bolaños explicó que la nueva ley extiende el derecho a otras personas legitimadas, permitiendo que los allegados de los ciudadanos fallecidos que hayan sido afectados por noticias falsas puedan ejercer este derecho tras su muerte. Todo ello con el objetivo de hacerle “más difícil la vida a los que se dedican a mentir y a esparcir bulos cada día”, garantizando que los ciudadanos tengan la posibilidad de defenderse ante los “buleros profesionales”.
La normativa también incorpora nuevos mecanismos para ejercer el derecho de rectificación de forma más ágil y efectiva, obligando a los medios de comunicación, plataformas digitales y usuarios relevantes en redes sociales a disponer de herramientas accesibles y visibles para que los afectados puedan presentar solicitudes de rectificación. Asimismo, el texto amplía el plazo para presentar dichas solicitudes, pasando de siete a diez días, y elimina la remisión obligatoria del escrito de rectificación al director del medio de comunicación, mientras se suprime el requisito de contestación por escrito en los procedimientos judiciales para agilizar el dictamen de las sentencias.
Otro aspecto importante que establece la reforma es que, en el ámbito de la rectificación digital, además de publicar el texto rectificado, las plataformas o medios online deberán incluir un aviso visible que informe a los usuarios de que la información ha sido modificada, acompañado de un enlace directo a la rectificación completa. Además, el texto introduce un criterio para garantizar que las rectificaciones se limiten a los hechos sin incluir opiniones, “salvo que resulten imprescindibles para entender el contexto y no se puedan escindir de los hechos”.
A pesar de la obligatoriedad de la rectificación, el ministro ha detallado que la normativa aprobada no contempla sanciones económicas para aquellos que se nieguen a publicar la rectificación antes de que el proceso judicial lo determine. No obstante, el anteproyecto de ley pasará ahora a la fase de tramitación parlamentaria, donde los diferentes grupos políticos tendrán la oportunidad de introducir modificaciones que endurezcan, mantengan o maticen los términos aprobados por el Consejo de Ministros.