La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, del Ministerio Público, se ha mostrado favorable a que la justicia abra una investigación sobre las posibles responsabilidades políticas en la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre con un balance de 223 fallecidos por el momento, tres desaparecidos y con una estampa aún complicada en diferentes localidades de la provincia de Valencia.
Esta posición se ha dado a conocer en un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que, según RTVE, expone las siete denuncias y querellas interpuestas por la gestión de la riada contra los distintos responsables de la Generalitat Valenciana, como el president de la Generalitat, Carlos Mazón, o la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, una de las cesadas tras la catástrofe cuando se dio una remodelación del Gobierno autonómico. El objetivo es determinar las competencias de los tribunales y la admisión o inadmisión de los escritos remitidos por las partes, de lo que es partidario el fiscal superior José Francisco Ortiz Navarro.
La asociación Iustitia Europa fue la primera en registrar una querella contra Mazón por omisión del deber de socorro, prevaricación omisiva, homicidio imprudente y lesiones. Además, hay otras dos del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), dos presentadas por abogados y también dos más registradas por particulares.
La causa será enviada a los juzgados ordinarios para investigar las posibles responsabilidades penales y, en el caso de que se apreciaran «indicios suficientes» de delito por parte de Mazón, se eleve al TSJCV por su condición de aforado. Además de la reclamación por la justicia, la ciudadanía valenciana también se ha manifestado en diferentes ocasiones pidiendo la dimisión de Mazón, la próxima se realizará el 29 de diciembre.