El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Asamblea de Madrid ha registrado este martes una comisión de estudio para analizar en profundidad las consecuencias que tendrá para los madrileños el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) sobre la condonación de la deuda y el sistema de financiación singular para Cataluña.
Así lo ha anunciado el portavoz del Partido Popular, Carlos Díaz-Pache, quien ha defendido la puesta en marcha de esta comisión, argumentando que es imprescindible conocer “con detalle y con rigor” el impacto real que tendrá para la Comunidad de Madrid la aplicación de este “vergonzoso acuerdo”, que a su juicio supone la ruptura de los principios de igualdad y solidaridad interterritorial que rigen el sistema de financiación autonómica.
“Queremos que los expertos en Derecho Constitucional, Hacienda Pública, financiación autonómica, etcétera, nos puedan precisar cuánto les cuesta a los vecinos de Móstoles, Fuenlabrada o Alcorcón mantener a Sánchez en la Moncloa”, ha afirmado, sugiriendo que la condonación de la deuda que propone el Gobierno central no hace desaparecer la deuda autonómica, sino que la reparte entre todos los españoles.
En este sentido, Díaz-Pache ha asegurado que el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC “amenaza a la Nación con imponer un modelo de financiación espurio para la Generalitat de Cataluña, basado en una pretendida negociación bilateral con el Estado”, que supondría una reducción de unos 2.000 millones de euros en la aportación que las comunidades más ricas hacen a la solidaridad entre regiones, mientras que el presupuesto estatal dejaría de percibir unos 30.000 millones de euros anuales que corresponden a la recaudación de impuestos generados en Cataluña. Una situación que, según los populares, habría que compensar con “una subida de impuestos, menos gastos, menos inversiones o menos recursos para las Comunidades Autónomas”.
“El sistema de quita de la deuda propuesto por el Gobierno y que nos anunciaron ayer no hace desaparecer, sino que reparte la deuda pública autonómica entre todos los españoles y, por lo tanto, penaliza a quienes mejor gestionan, hace que España pierda credibilidad y la hace más débil”, ha sentenciado, asegurando que se trata de un “nuevo chantaje de los que acostumbra este Gobierno”.
Díaz Ayuso respalda la decisión del PP en la Asamblea de Madrid, mientras la oposición cuestiona la puesta en marcha de la comisión
Esta decisión ha sido respaldada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha sido especialmente crítica con el pacto suscrito entre el PSOE y ERC, al que ha calificado reiteradas veces como una cesión “inaceptable” que compromete la unidad del sistema tributario y favorece la desigualdad entre comunidades autónomas. En esta ocasión, Ayuso ha publicado un mensaje en sus redes sociales, expresando su rechazo a través de tres simples observaciones: “Ceden a Cataluña la Agencia Tributaria: expulsan al Estado. ‘Mutualizan’ la deuda catalana: la pagamos todos. Es un paso más hacia la independencia y la impunidad”.
No obstante, desde la oposición, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha cuestionado la utilidad de la comisión promovida por el PP, al considerar que su propósito no es tanto analizar la financiación autonómica desde un punto de vista técnico y riguroso, sino más bien utilizar el debate para fomentar la confrontación política con el Gobierno central y con Cataluña. En este sentido, ha señalado que la comisión “debe tener un objeto más amplio para hablar seriamente de financiación autonómica y de fiscalidad madrileña”, sugiriendo que los populares deberían centrarse en discutir la viabilidad de una reforma global del sistema de financiación en lugar de utilizar este debate con fines partidistas.
Asimismo, la portavoz socialista, Mar Espinar, ha publicado un post en su cuenta de X respondiendo a las acusaciones de Díaz-Pache con cuestiones vinculadas a los problemas en materia de vivienda, educación y sanidad que, a su juicio, enfrenta la región capital.
Todo ello, mientras el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, utilizaba la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes para recordar que la condonación de la deuda que propone el Gobierno supone un ahorro para Madrid de 8.644 millones de euros. “A mí me encantaría que me perjudicaran quitándome la hipoteca”, ha afirmado, haciendo referencia a la “campaña de victimismo absurdo y eterno” que, en su parecer, lleva adelante la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Estructura y objetivos de la comisión de estudio
En lo que respecta al funcionamiento de la comisión, el texto propuesto por el Grupo Parlamentario Popular y aprobado por la mesa de la Asamblea, al que ha tenido acceso ESTRELLA DIGITAL, establece que estará compuesta por tres diputados de cada grupo parlamentario, que ejercerán su labor bajo el criterio de voto ponderado, siguiendo un calendario estructurado en varias fases.
De modo que, en primer lugar, se abrirá un plazo de 30 días hábiles en el que los grupos parlamentarios podrán presentar sus propuestas de comparecientes, quienes deberán acreditar su especialización en materias directamente relacionadas con el objeto de estudio de la comisión. Posteriormente, se celebrarán las sesiones correspondientes al período inicial de seis meses, prorrogables si fuera necesario, en las que intervendrán expertos en fiscalidad, economía y derecho con el fin de aportar un análisis detallado sobre las implicaciones del acuerdo y sobre la compatibilidad de este nuevo modelo de financiación con la legislación vigente.
Por último, la comisión elaborará un informe de conclusiones que será debatido en el Pleno de la Asamblea y remitido a los organismos nacionales e internacionales competentes, con el propósito de advertir sobre los riesgos de fragmentación de la soberanía fiscal y la afectación a los principios de solidaridad y equidad en la financiación territorial que plantea el acuerdo entre el Gobierno y ERC.
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