El Gobierno de Pedro Sánchez ha desatado un terremoto político tras confirmar la condonación de 83.000 millones de euros en deuda a varias comunidades autónomas, con Cataluña como una de las principales beneficiadas. Una medida, aprobada este miércoles por el Ejecutivo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que busca cumplir con las demandas de sus socios independentistas, pero que ha sido duramente criticada por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, cuyos representantes han decidido abandonar en bloque la sesión en señal de protesta.
En este sentido, la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que explorará todas las vías legales para frenar esta medida, que considera perjudicial para los madrileños, quienes, según sus cálculos, tendrán que asumir cerca de 500 euros más de deuda estatal por persona, mientras que los catalanes verán reducida la suya en más de 400 euros. “Les anticipo que, una vez que conozcamos el instrumento a partir del cual se va a realizar, lógicamente los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid estudiarán la interposición del correspondiente recurso”, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, horas antes del encuentro.
Por su parte, la consejera de Economía de Madrid, Rocío Albert, ha querido desmontar la metáfora difundida desde Moncloa para justificar las concesiones del Gobierno a los independentistas catalanes, comparando la medida con la cancelación de una hipoteca y destacando lo absurdo e incomprensible que resultaría rechazar tal obsequio. “No es que a ti te paguen tu hipoteca y al otro le paguen su hipoteca, sino que, en el caso de Madrid, hemos sido siempre cumplidores de la estabilidad presupuestaria. Como si tuviéramos una casa en la que tenemos unos muebles sencillos, en la que no nos hemos permitido grandes lujos, no hemos hecho las reformas que nos hubiera gustado porque teníamos que cumplir con las reglas, no teníamos que endeudarnos, teníamos que pagar todos los servicios”, ha explicado Albert, argumentando que no se trata de una condonación equitativa, sino de una carga transferida a quienes han gestionado sus cuentas con mayor responsabilidad.
“El vecino del quinto, llamado en este caso independentistas de Cataluña, ha decidido poner mármol Travertino, ha salido todas las noches, ha hecho unas reformas que ya le hubiera gustado a Madrid, que era el vecino del segundo. Y todo lo que ha obtenido Madrid es que ahora, todas esas deudas que es incapaz de pagar el del quinto, las vamos a tener que pagar los madrileños, que somos los hipotecados del segundo, que no hemos salido de nuestra casa, que no hemos llevado de vacaciones a nuestros niños, que no les hemos hecho la reforma que teníamos tantas ganas para que tuvieran un cuarto de estar donde ver la tele, pues ahora, nos vemos obligados a pagar 500 euros más”, ha añadido, subrayando que el Gobierno central solo atiende a los intereses de los independentistas en detrimento del resto de los ciudadanos.
La Comunidad de Madrid cuenta con dos alternativas legales para impugnar la condonación de deuda
En concreto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid dispone de dos alternativas legales para impugnar la condonación de deuda, ya que, en caso de que la medida se materialice mediante un acuerdo o norma, las comunidades autónomas afectadas podrían presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo; mientras que, si consideran que la quita de la deuda vulnera principios constitucionales, tendrían la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, apelando al artículo 161 de la Constitución Española.
Bajo este contexto, si bien Madrid es la comunidad más perjudicada por el acuerdo, el descontento generalizado entre las regiones gobernadas por los populares abre la posibilidad de presentar un recurso conjunto o de actuar de manera coordinada para frenar esta medida. Dado que, según el reparto previsto, las regiones que recibirán la mayor condonación por habitante ajustado son Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana, con 2.284 euros por persona. En contraste, las comunidades menos beneficiadas serán Madrid, Galicia, Castilla y León, Cantabria y La Rioja, con 1.368 euros por habitante, incluso por debajo de Baleares (1.551 euros), Extremadura (1.506), Aragón (1.505), Canarias (1.498) y Asturias (1.369).
Un total de 83.252 millones que Hacienda pretende condonar en tres fases. De manera que, primero se calculará el sobreendeudamiento generado durante la crisis financiera, y el 75% de este se distribuirá en función de la población ajustada. A continuación, se garantizará que ninguna comunidad reciba una condonación inferior al 19% de su deuda. Y, finalmente, se favorecerá a aquellas comunidades con menor financiación homogénea por habitante ajustado y que, además, hayan incrementado el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).