La Audiencia Provincial de Madrid ha dado su respaldo a la decisión de la jueza Inmaculada Iglesias de abrir una pieza separada en la investigación contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Con esta resolución, la magistrada podrá indagar sobre si el empresario pudo haber incurrido en delitos adicionales a los dos presuntos fraudes fiscales que ya se instruyen en la causa principal.
La resolución judicial, dictada este lunes, desestima el recurso presentado por la defensa de González Amador, que intentaba frenar la apertura de esta nueva línea de investigación alegando que no existían indicios suficientes para ello. Sin embargo, los magistrados señalan que, en este “momento procesal, resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal”.
“Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”, subraya el tribunal una semana después de que González Amador se acogiera a su derecho a no declarar.
La clave del caso: el uso de una sociedad instrumental
La ampliación de la causa se remonta al pasado mes de octubre, cuando, tras estimar parcialmente un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid, la jueza Iglesias decidió abrir una investigación específica sobre el presunto uso de la sociedad Masterman S.L. para “ocultar unos ingresos” procedentes del Grupo Quirón que, en realidad, debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L., empresa propiedad de González Amador.
En este sentido, la acusación popular sostiene que la utilización de la sociedad interpuesta Masterman S.L. podría no solo haber servido para ocultar ingresos, sino también para encubrir delitos como la administración desleal o la corrupción en los negocios, atendiendo a que la operación económica analizada supuso un pago de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L., que en ese entonces pertenecía a la esposa del presidente de Quirón Prevención.
No obstante, más allá de este movimiento, la jueza también ha decidido analizar si dicho pago podría estar relacionado con la adjudicación de contratos a Maxwell Cremona S.L. y, posteriormente, a Masterman S.L. por parte de Quirón Prevención o si, por el contrario, se trata de una contraprestación derivada de la intermediación de Maxwell Cremona S.L. en la compra de productos sanitarios por parte de MAPE Asesores a las empresas FCS Products S.L. e Inteconn Inc. Una operación, realizada en 2020, que generó una facturación de 2.021.900 euros para la empresa de González Amador.