El Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña han alcanzado un histórico acuerdo que supone la delegación de competencias en materia de inmigración a la administración catalana. Este pacto, sellado en Bruselas por PSOE y Junts, permitirá a Cataluña gestionar directamente aspectos clave como la administración de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la concesión de permisos de residencia y la ejecución de devoluciones de inmigrantes con prohibición de entrada en el país. Además, el acuerdo conlleva el incremento de la plantilla de los Mossos d’Esquadra en 1.800 efectivos, elevando el total a 26.800 agentes.
Un mayor control en puertos y aeropuertos
Uno de los puntos más destacados del acuerdo es la cogestión de la seguridad en puertos, aeropuertos y otras infraestructuras clave. A partir de ahora, los Mossos d’Esquadra compartirán funciones con la Guardia Civil y la Policía Nacional, teniendo presencia en fronteras y garantizando el cumplimiento de la normativa migratoria.
Además, la Generalitat será la encargada de expedir el documento de identidad para los extranjeros que residan en Cataluña, basándose en el Registro del Número de Identificación de Extranjeros (NIE) del Estado.
Sanciones y nuevas competencias en Cataluña
Otro aspecto relevante del pacto es que Cataluña asumirá la capacidad sancionadora en procedimientos administrativos relacionados con la inmigración. La Generalitat podrá instruir y ejecutar expulsiones que no requieran un expediente formal, mientras que en los casos más complejos será el Gobierno catalán quien proponga la resolución final.
También será competencia autonómica la determinación del contingente de trabajadores extranjeros en la contratación en origen y la aplicación de la normativa lingüística en estos procesos.
Por otro lado, el cuerpo de los Mossos d’Esquadra tendrá la responsabilidad en la lucha contra la trata de seres humanos, lo que les permitirá intervenir en la prevención, persecución y asistencia a víctimas de este delito.
Financiación y transferencia de recursos
Para que la cesión de competencias sea efectiva, el Estado se compromete a transferir a Cataluña los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para su gestión. Este punto resulta clave para garantizar el funcionamiento de un nuevo modelo de política migratoria autonómico.
El objetivo del Gobierno catalán es desarrollar una estrategia integral, en la que todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración autonómica tengan un papel determinante dentro de la legislación española y europea.
Un acuerdo basado en la Constitución
El traspaso de competencias se hará en base al artículo 150.2 de la Constitución Española, que permite al Estado transferir o delegar competencias a las comunidades autónomas cuando sean susceptibles de ello.
En la justificación del pacto, PSOE y Junts destacan que Cataluña siempre ha sido un territorio receptor de inmigrantes, con un 18% de su población de origen extranjero y un 24% nacida fuera de la región. En este sentido, el acuerdo subraya la capacidad de la Generalitat para integrar a la población migrante dentro de su modelo de sociedad.
Con este traspaso de competencias, Cataluña busca consolidar su modelo propio de integración, con un marco de derechos y deberes que favorezca la cohesión social y garantice la aplicación de su política lingüística.
Un acuerdo político con implicaciones clave
Este pacto entre socialistas e independentistas llega apenas una semana después de que Junts retirase su moción de confianza contra el presidente Pedro Sánchez en el Congreso, lo que refuerza su posición dentro de la legislatura.
El traspaso de competencias migratorias a Cataluña supone una forma de hacer presión al Estado, marcando un nuevo escenario en la relación entre el Gobierno central y la Generalitat. Ahora, la aplicación efectiva de estas medidas estará en el centro del debate político y podrá definir el futuro de la gestión migratoria en España.