La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su Gobierno acudirá a la justicia para solicitar amparo ante las acusaciones del PSOE sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de COVID-19, al considerar que han sobrepasado “unos límites que son inasumibles”.
“Es gravísimo y vamos a acudir a la justicia para pedir amparo, ya no para nosotros, sino para esos profesionales que no tienen por qué seguir escuchando esos ataques”, ha asegurado la presidenta en medio de su viaje institucional a Londres, subrayando que las críticas de los socialistas no solo buscan perjudicar a su administración, sino también desacreditar a los profesionales sanitarios que trabajaron en primera línea durante el peor momento de la crisis sanitaria.
Asimismo, la líder popular ha asegurado que las críticas en cuestión no son hechos aislados, sino pequeñas piezas de una estrategia de confrontación sistemática impulsada por el Gobierno de Sánchez. “Lo hacen desde todos los estamentos. Lo han hecho desde Radio Televisión Española, lo están haciendo desde la Fiscalía General del Estado, lo están haciendo desde los ministerios, pero ya esto último creo que pasa ese límite”, ha afirmado Ayuso, sugiriendo que su Gobierno está siendo objeto de una ofensiva coordinada.
En este sentido, la presidenta madrileña ha señalado de forma directa al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, acusándolo de haber asumido su cargo con una actitud beligerante y de actuar más como un “comisario” de Moncloa que como un interlocutor institucional.
“Desde el primer día ha buscado la más absoluta confrontación, con insultos, con ataques… Pero ya cuando pasamos a otros escenarios donde nos acusa abiertamente, como están haciendo estos días, prácticamente de asesinatos, ya han rozado, ya han pasado unos límites que son inasumibles, y por eso pienso que es mejor que estas relaciones, por el momento, no puedan continuar”, ha sentenciado, recordando que, aunque las relaciones con los anteriores delegados del Gobierno no siempre fueron fáciles, al menos existía un marco de cordialidad institucional.
“Llevamos varios delegados del Gobierno, en torno a cinco, desde que soy presidenta de la Comunidad. Evidentemente, no siempre hemos visto las cosas de la misma manera. Desde el primero, que decía que quería retorcer el dolor de las residencias, hasta ahora, pues evidentemente no hemos tenido siempre la mejor relación, pero la hemos mantenido, una mínima cordialidad, y funcionaba”, ha explicado, dando a entender que la actitud del actual delegado dinamita cualquier posibilidad de entendimiento.
La Comunidad de Madrid se querella contra Reyes Maroto por sus declaraciones sobre las residencias
El punto de inflexión que ha llevado al Gobierno regional a tomar medidas legales ha sido la polémica declaración de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, quien, en una comparecencia pública, afirmó que fueron 7.291 las víctimas o personas mayores “asesinadas” en las residencias de Madrid gracias a la aplicación de un protocolo “firmado” por el Gobierno de Ayuso que habría impedido la derivación de los residentes a los hospitales de la región.
“La dirigente del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid nos ha acusado de asesinos. Eso significa que ha habido geriatras y que ha habido sanitarios, que las residencias han asesinado, porque nosotros no hemos podido ir uno a uno. Hemos tenido que tener la colaboración de sanitarios, de personas que dieron su vida y se expusieron en los momentos más difíciles de la pandemia para salvar a las personas mayores de las residencias por quienes se desviven”, ha subrayado Ayuso, horas después de que el portavoz gubernamental y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, anunciara que la Comunidad de Madrid va a presentar una querella contra Reyes Maroto.
“Ante dichas declaraciones, en las que se nos imputa el asesinato de personas mayores en las residencias durante el COVID, les anuncio que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya están trabajando en las acciones legales oportunas que realizaremos ante el órgano judicial correspondiente”, ha trasladado el consejero, recordando que “no vale todo en política” y que declaraciones como las realizadas por la portavoz socialista “no pueden quedar impunes”.
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