“Una solución justa y equilibrada”. Así ha definido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el Real Decreto Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Una medida, pactada con Junts, que tiene como objetivo garantizar una distribución equitativa de los menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en territorios con alta presión migratoria, como es el caso de Canarias.
“Me gustaría empezar diciendo que estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos, en la defensa del interés superior del menor. Ante un hito histórico porque así lo llevan demandando los territorios fronterizos, donde llegan en pateras y cayucos menores no acompañados extranjeros, que lo llevan reclamando, repito, en los últimos 30, 40 años”, ha subrayado Torres durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En este sentido, el ministro ha asegurado que la reforma propuesta por el Gobierno es “la mejor opción” y “la más eficiente”, ya que busca ofrecer “una solución estructural” al fenómeno migratorio que afecta a estas regiones, dada la imposibilidad de alcanzar acuerdos previos sobre el reparto de los menores no acompañados.
No obstante, la aprobación de este Real Decreto llega tras pactar con Junts el traspaso de las competencias en materia de inmigración a Cataluña. Un movimiento político que ha permitido al Gobierno garantizar que esta nueva reforma de la Ley de Extranjería pueda salir adelante en la Cámara Baja, desbloqueando así una de las cuestiones de Estado que lleva tiempo atrapada en la agenda gubernamental.
“A pesar de que el proyecto de ley presentado el 23 de julio del año pasado no fue admitido a trámite, esta nueva legislación ha logrado incorporar el apoyo de varios grupos políticos, incluidos Junts per Catalunya”, ha confirmado el ministro, invitando a “todos los partidos, incluso a aquellos que votaron en contra en el pasado, como el Partido Popular y Vox”, a que “reflexionen y cambien el sentido de su voto en defensa de los derechos humanos y del interés superior del menor”.
El contenido de la reforma
Según ha explicado Torres, la clave de esta reforma radica en la incorporación de cuatro añadidos al artículo 35 de la Ley de Extranjería. De modo que, según lo estipulado en el artículo 35.2, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia –que reúne a todas las CCAA– deberá “acordar por unanimidad” los criterios que determinarán cuándo se considera una “situación de contingencia migratoria extraordinaria”.
Sin embargo, mientras no se logre alcanzar este complejo consenso –tomando en cuenta que actualmente 11 comunidades autónomas están gobernadas por el PP– se encontrarán en “contingencia migratoria” aquellas comunidades que vean multiplicada por tres su capacidad ordinaria de acogida, activando automáticamente los mecanismos previstos en el decreto para la redistribución de los menores hacia otras regiones.
Para ello, antes del 31 de marzo, las comunidades autónomas deberán trasladar al Gobierno central los certificados oficiales que demuestren cuántos menores migrantes no acompañados están atendiendo. Con estas cifras se calculará el número exacto de menores no acompañados que se encuentran actualmente en territorio español, un resultado que a su vez se dividirá entre el número total de comunidades autónomas. Posteriormente, se dividirá la población total de cada región entre ese número equitativo –obtenido de la división del número total de menores entre el número de comunidades autónomas– para así conocer la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía.
Por su parte, el artículo 35.3 establece una serie de parámetros “transparentes y objetivos” que determinarán el número de menores que corresponderá a cada comunidad autónoma. Los criterios incluyen un 50% por población, un 13% por renta per cápita, un 15% por tasa de paro y un 6% por el esfuerzo previo en acogida.
También se considerarán elementos como la capacidad estructural del sistema de acogida en un 10%, la condición de ciudad fronteriza en un 2%, la insularidad en un 2% y la dispersión geográfica también en un 2%. Una serie de criterios que, según ha asegurado Torres, se basan en las conclusiones alcanzadas durante las conferencias sectoriales de 2022, 2023 y 2024, y que además han sido apoyados en el pasado por gobiernos del Partido Popular.
Adicionalmente, el artículo 35.4 establece que, una vez registrado un menor no acompañado y garantizada la intervención de la fiscalía correspondiente, se procederá a su asignación en un plazo máximo de 15 días. Mientras que el artículo 35.5 refuerza los criterios establecidos y garantiza la disponibilidad de recursos económicos para llevar a cabo esta reforma, mediante la creación de un fondo de 100 millones de euros destinado a financiar los traslados y a aliviar la sobrecarga de los centros de acogida.