El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha procesado a P. G. P., de 74 años, por delitos de terrorismo y fabricación y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista.
P. G. P fue arrestado en Burgos por el envío de seis cartas con artefactos explosivos en noviembre pasado. Los destinatarios incluían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid, y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
A pesar de que no hay evidencia de que P. G. P. esté afiliado a ninguna organización terrorista, el magistrado sostiene que sus acciones, junto con el contexto actual de la guerra en Ucrania, son indicios claros de una intención terrorista. Según el juez, el objetivo del acusado era alterar la paz pública y presionar a los poderes públicos para que dejen de apoyar a Ucrania frente a la ocupación rusa.
La investigación ha recabado numerosos indicios que implican a esta persona como autora de los envíos de explosivos. Durante un registro en su casa, se descubrieron varios cilindros que podrían corresponder a los utilizados para alojar los artefactos explosivos. Además, se encontraron tornillos, muelles similares a los empleados en los artefactos, y taladros con brocas de precisión similares a las utilizadas para su elaboración.
Uno de los descubrimientos más significativos ha sido el ADN de P. G. P., que coincide con los restos hallados en los artefactos explosivos. Una bolsa de basura recogida cerca de su residencia proporcionó las muestras de ADN que coincidían con las encontradas en los artefactos.
Además, el análisis de los sobres de cartón dirigidos a varios destinatarios y los sellos empleados, condujo a la localización de las estancos donde se compraron y a la página web donde González Pascual adquirió los sobres. Según los registros, compró 25 sobres de estas características el 5 de noviembre.
Las compras efectuadas por P. G. P. a través de Amazon también han sido objeto de investigación. Entre junio y noviembre, adquirió un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores y filamentos de cobre, bombillas incandescentes, pegatinas adhesivas, bisagras, tornillería, brocas de precisión, y plantillas para dibujar números y letras. Según el juez, los productos adquiridos coinciden con los utilizados en la elaboración de los sobres y cajas que contenían las sustancias explosivas.
El juez Calama ha dictaminado que los hechos son constitutivos de un delito de terrorismo y otro de fabricación y empleo de aparatos explosivos, ambos con agravante, al tener en cuenta que los envíos se dirigieron explícitamente al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa. La naturaleza de estos delitos puede considerarse terrorista si tienen la capacidad de crear una situación de alarma o inseguridad en la población.
El procesado, aunque no esté vinculado con ninguna banda o grupo terrorista organizado, con sus acciones ha demostrado una intención clara de alterar gravemente la paz pública y transmitir un mensaje de represión hacia los intereses de España y Estados Unidos por su apoyo a Ucrania.
Por último, el juez destaca la persistencia en la ejecución de las acciones y el contenido de las páginas web consultadas por el procesado, que incluyen portales de noticias rusas y páginas sobre armas y química, refuerzan las finalidades de sus actos.
Ingresa en prisión el presunto autor del envío de las cartas bomba por un delito de terrorismo