El excomisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha tomado una decisión trascendental: enfrentar en los tribunales lo que describe como una «persecución injusta».
En un comunicado emitido y difundido por Rac1 y Catalunya Ràdio, Trapero expresó su firme intención de llevar ante la justicia a aquellos «individuos que no tenían ninguna habilitación para hacerlo». Estos actos, según Trapero, no solo fueron injustos, sino también «agravados» por haber sido «pagado con fondos reservados».
Este anuncio surge tras publicaciones recientes en La Vanguardia y eldiario.es, donde se publicaron notas informativas del excomisario José Manuel Villarejo. Estas notas sugieren intentos del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la administración de Mariano Rajoy, de implicar a Trapero en lo que se conoce como ‘Operación Cataluña’.
Trapero condenó estas acciones, etiquetándolas de «invenciones y falsedades» que se difundieron «de manera espuria». Según él, estas acusaciones llevaron a «consecuencias judiciales graves e injustas» para sus subordinados, cuyo «único pecado», según sus palabras, fue descubrir una «trama policial corrupta» relacionada con los prostíbulos Rivera y Saratoga en Castelldefels, Barcelona.
El excomisario señaló que la persecución comenzó en 2009 y se prolongó casi una década, hasta poco antes de su absolución en la Audiencia Nacional en 2020. Trapero, hablando tanto en su capacidad oficial como personal, expresó su indignación, frustración y decepción al descubrir que fue objeto de seguimiento por parte de otros funcionarios y cargos públicos. Reflexionó sobre las implicaciones de tales acciones en ciudadanos comunes a lo largo de los años.
Además, Trapero lamentó la «degradación institucional y de la gestión pública» que ha observado, criticando a quienes anteponen «intereses perversos y personales» sobre el bien común. Concluyó su comunicado con una fuerte crítica a la falta de decencia en algunos gestores.
Josep Lluís Trapero fue restituido como jefe de los Mossos d’Esquadra en noviembre de 2020, un mes después de su absolución por la Audiencia Nacional por su actuación durante el ‘procés’. Fue destituido en octubre de 2017 con la aplicación del artículo 155, después del referéndum de independencia, y reemplazado casi un año después por Josep Maria Estela.