La fiscal anticorrupción Elena Lorente ha pedido respeto por su trabajo luego de las constantes críticas recibidas por parte del exministro Rodrigo Rato, quien está siendo juzgado por presunto incremento ilícito de patrimonio.
Rodrigo Rato arremete contra la Fiscalía y la Abogacía del Estado en juicio por presunto fraude
Durante la sesión número 42 del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, Rato ha lanzado reiteradas alusiones a la labor de la Fiscalía, acusándola de mantener delitos sobre su persona sin fundamento.
El momento más tenso surgió cuando, tras otro ataque a la labor de la Fiscalía, Lorente tomó la palabra para señalar que se le debe «el debido respeto» a la acusación, a lo que Rato respondió que «el respeto se gana». La magistrada intervino para recordar que hasta ese momento no se había faltado el respeto y que ella se encargaría de cualquier falta de respeto.
El exministro continuó con sus críticas, acusando a la Administración Pública de utilizar «prácticas inquisitoriales» y señalando que la Fiscalía y la Agencia Tributaria parecen olvidar detalles según convenga a sus acusaciones.
Rato también aprovechó la ocasión para rebatir los señalamientos sobre la sociedad Red Rose Investment y desgranar los movimientos financieros cuestionados por la Fiscalía.
En otro punto de la sesión, Rato explicó su decisión de acogerse a la declaración tributaria especial, asegurando que lo hizo para aflorar sociedades en el extranjero y repatriar dinero a España. Asimismo, cuestionó la habilidad de la Fiscalía para juzgar la rentabilidad de sus inversiones.
La defensa del exministro también se centró en desacreditar el informe de riesgos financieros de la ONIF y en rebatir acusaciones sobre técnicas de ocultación de patrimonio en el extranjero.
La declaración de Rato continuará el próximo lunes, mientras que Santiago Alarcó, excuñado de Rato y también acusado, negó conocimiento de cuentas o sociedades de su excuñado y explicó una transferencia realizada como un préstamo voluntario.
Rodrigo Rato enfrenta acusaciones por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, con la Fiscalía solicitando una pena de 70 años de cárcel por presunto fraude fiscal por más de 8,5 millones de euros.