Tras la presentación de una demanda por parte de Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha emitido una serie de medidas cautelares dirigidas a Israel con respecto a la situación en la Franja de Gaza. La corte, con sede en La Haya, ha hecho un llamamiento a Israel para que tome «todas las medidas posibles» en aras de proteger a la población palestina en Gaza y asegurar que reciban la ayuda necesaria de manera «urgente».
Este anuncio surge en medio de informes sobre la grave situación en Gaza, que han sido documentados tanto por autoridades locales como por agencias de la ONU, aunque sin una «verificación independiente».
La gravedad de la situación en Gaza, especialmente para los niños, ha sido destacada por la CIJ, reflejando una «devastación» que ha persistido por más de cien días. En su análisis inicial, los jueces han confirmado que algunas acusaciones contra Israel podrían ser consideradas bajo la Convención sobre Genocidio, otorgando a los palestinos derecho a protección como grupo.
Israel, por otro lado, ha sido ordenado por la corte a informar en un plazo de un mes sobre las acciones tomadas para cumplir con estas medidas, que son de obligado cumplimiento.
Sudáfrica, apoyada por más de 50 países, ha argumentado en las audiencias preliminares acusaciones graves contra Israel, incluyendo la descripción de la retórica de algunos líderes israelíes como «genocida». Además, se han denunciado la destrucción de infraestructura civil y el traslado forzoso de población.
Por su parte, Israel, respaldado por Estados Unidos, rechaza estas acusaciones, considerándolas «infundadas» y justifica sus acciones en Gaza como necesarias frente a una «amenaza existencial». Los abogados israelíes han argumentado que su conflicto es con Hamás, no con el pueblo palestino, y han atribuido a Hamás la responsabilidad por los daños civiles.
Tal Becker, asesor jurídico del Ministerio de Exteriores de Israel, ha enfatizado durante su exposición que las acusaciones de genocidio son un «pretexto» y ha acusado a Hamás de perseguir una «auténtica agenda genocida».
La CIJ, siendo parte de la ONU, emite sentencias jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembro, aunque no cuenta con medios propios para hacer cumplir estas decisiones. Esto ha llevado a situaciones anteriores donde países como Rusia han ignorado órdenes de la corte, como la emitida para detener la agresión en Ucrania en 2022.
La CIJ no juzga a personas, resuelve disputas entre Estados. El caso de Sudáfrica contra Israel aún está en sus etapas iniciales y podría prolongarse durante años hasta llegar a una sentencia definitiva e inapelable.